La prohibición de vapeadores enriquece al crimen organizado

En un acto de genialidad legislativa sin precedentes, México decidió convertir su Carta Magna en el manual definitivo para financiar cárteles. La prohibición constitucional de cigarros electrónicos y vapeadores no solo logró que estos dispositivos —95% menos dañinos que el tabaco, según estudios británicos— desaparecieran mágicamente, sino que, en un giro cómico, los entregó en bandeja de plata a las mafias mejor organizadas del país.

Según el colectivo México y el Mundo Vapeando, la medida transformó puertos como Lázaro Cárdenas y fronteras enteras en parques temáticos del contrabando, donde los vapeadores cruzan más rápido que los turistas en temporada alta. Mientras Estados Unidos los vende en cualquier esquina, México los persigue con el celo de un cazador de brujas, demostrando una vez más que prohibir es el sinónimo oficial de hacer negocio.

Tepito y San Juan: las nuevas bolsas de valores del vapeo ilegal

Zonas como Tepito y el Mercado de San Juan han ascendido a la categoría de Wall Street de lo ilícito, donde los vaporizadores se cotizan al mejor postor, libres de impuestos y, por supuesto, de cualquier noción de control sanitario. Todo gracias a la Reforma Constitucional del 17 de enero de 2025, un decreto tan efectivo que hasta la OTAN lo discutió en sus reuniones, probablemente entre risas y palmadas en la frente.

El activista Juan José Cirión Lee, con la paciencia de quien explica física cuántica a un perro, recordó que prohibir no elimina el consumo, sino que lo traslada a manos de menores de edad y narcotraficantes. “Es como si el gobierno hubiera contratado a los cárteles como sus distribuidores oficiales“, ironizó, mientras los legisladores —ocupados en redactar leyes secundarias con tinta invisible— ignoran que el mercado negro ya factura más que algunas empresas del índice bursátil.

La OTAN y los cárteles: socios comerciales por accidente

En un momento digno de El Padrino, hasta la OTAN reconoció el auge empresarial de los cárteles mexicanos, ahora diversificados en el rubro de los vapeadores. “Cuando el Estado deja un vacío, el crimen organizado lo llena con flores y tarjetas de presentación”, declaró Cirión, mientras los diputados —entusiasmados con su próxima prohibición del aire contaminado— prometieron “estudiar” regulaciones que llegarán cuando los vapeadores sean reliquias de museo.

Mientras Chile, Colombia y Perú regulan estos dispositivos como herramientas antitabaco, México insiste en su política de tierra quemada: si no puedes vencer al vicio, enríquese a tus enemigos. Y así, entre debates legislativos y estudios científicos ignorados, el país se consolida como el único donde la Constitución sirve, sin querer, como manual de emprendimiento para narcos.