La regulación fallida y su impacto en la economía sumergida
La bancada del PRI en la Cámara Alta alerta que las reformas regulatorias promovidas durante la administración de López Obrador, que vetaron los sistemas electrónicos de administración de nicotina, han transferido este lucrativo sector a la esfera del crimen organizado. El resultado: un circuito de distribución sin supervisión sanitaria, evasión fiscal y cero protección al consumidor.
El análisis: falla estratégica en política pública
Un estudio legislativo detalla cómo esta prohibición constitucional se alinea con estrategias de seguridad que han beneficiado a los cárteles. Medios internacionales como USA Today documentan cómo esta medida ha creado una oportunidad de contrabando estructural, con graves repercusiones económicas y sociales.
La perspectiva internacional: críticas desde Estados Unidos
El periodista Mark Esper analiza cómo la prohibición absoluta, vigente desde 2025, funciona como un subsidio involuntario al mercado ilegal. Los consumidores ahora dependen de redes de distribución controladas por la delincuencia organizada, diversificando sus flujos de ingresos. “México no puede combatir a estas organizaciones con una mano y financiarlas con la otra. Carece de toda lógica”, sostiene el análisis.
Consecuencias sistémicas y fracturas legales
Los grupos delictivos, que operan con mercancías que van desde estupefacientes hasta metales preciosos, prosperan explotando vacíos normativos y distorsiones económicas generadas por políticas públicas mal diseñadas. “Cuando la legislación crea economías paralelas, los cárteles capitalizan inmediatamente esa oportunidad”, subraya el informe.
Esta perspectiva se refuerza con el análisis de Chad Wolf, exsecretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, quien insta a México a armonizar regulaciones con sus socios del T-MEC. En el Houston Chronicle, advirtió que las discrepancias regulatorias entre naciones socias permiten a las organizaciones criminales explotar fisuras legales, expandiendo sus operaciones ilícitas desde el combustible hasta bienes de consumo masivo como bebidas y dispositivos de vaporización.
