El Gran Teatro de la Salud Pública y el Contrabando Oficializado
En un alarde de genialidad sin precedentes, el sagaz gobierno mexicano ha decidido combatir el tabaquismo otorgándole en bandeja de plata el monopolio de los vaporizadores a las organizaciones criminales. Sí, ha leído bien. Mientras naciones herejes como Francia o el Reino Unido se empeñan en seguir arcaicas evidencias científicas que demuestran que estos dispositivos son un 95% menos dañinos, la brillantez ideológica de nuestros legisladores ha descubierto una fórmula superior: convertir una necesidad de salud pública en un jugoso negocio para los cárteles.
La organización civil México y el Mundo Vapeando, un grupo de ilusos que aún cree en la razón, señala con candorosa esperanza que la revisión del T-MEC podría ser la oportunidad para derribar este monumento a la incongruencia. Su presidente, Juan José Cirión Lee, parece no comprender la profundidad de la estrategia nacional: ¿para qué homologar marcos regulatorios con Estados Unidos y Canadá cuando se puede crear un ecosistema económico paralelo tan floreciente como el de las pirámides financieras?
La situación es de una claridad meridiana: al norte de la frontera, el presidente Donald Trump promete una guerra sin cuartel contra el crimen organizado. Al sur, sus socios comerciales, en un gesto de solidaridad geopolítica, diseñan un sistema perfecto para financiarlo. Es la cooperación internacional llevada a su máxima expresión surrealista. Resulta absurdo, dicen algunos. ¡Claro que es absurdo! Es la nueva lógica de la Cuarta Transformación: prohibir en la Constitución lo que es legal en todos los países civilizados, incluyendo nuestros vecinos Belice y Guatemala, para así poder combatir con mayor ferocidad el contrabando que nosotros mismos incentivamos.
Mientras la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en un arrebato de celo sanitario, se apresta a aprobar una reforma a la Ley de Salud que prohíbe hasta la exportación de estos artefactos del demonio, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anuncia con pompa la inminente victoria contra el “riesgo sanitario emergente”. El dictamen, que seguramente fue redactado por alquimistas medievales, advierte sobre la presencia de metales pesados en los aerosoles, como si los cigarrillos convencionales, que se venden libremente en cada esquina, fueran un elixir de la eterna juventud.
Así, en este gran teatro de lo absurdo, los fumadores mexicanos son los espectadores abandonados de una función donde el gobierno busca premios y becas por su lucha ideológica, mientras el crimen organizado recoge las palmas y los dividendos de una política pública tan brillantemente contraproducente que hasta Swift u Orwell hubieran dudado en incluirla en sus sátiras por considerarla demasiado increíble.
