Un operativo de la Policía Estatal desencadenó un enfrentamiento violento contra un grupo de ciudadanos movilizados que bloqueaban la salida de la carretera México–Pachuca. Su demanda era clara y urgente: ayuda inmediata para las zonas arrasadas por las recientes inundaciones.
Pero, ¿qué provocó que una protesta pacífica por damnificados terminara en una escalada de fuerza? Nuestra investigación revela que los manifestantes, armados solo con pancartas y volantes, denunciaban el abandono total en el que se encuentran comunidades enteras. “Estamos totalmente desprotegidos, sin alimentos, sin agua potable y sin asistencia médica para los heridos”, declaró uno de los organizadores a este medio, bajo condición de anonimato por temor a represalias.
La convocatoria, difundida masivamente a través de plataformas digitales, congregó a la ciudadanía esta mañana. Sin embargo, en lugar de dialogar con los inconformes, lo que llegó al lugar fue un contingente policiaco que, según múltiples testimonios, arremetió de forma desproporcionada.
La narrativa oficial aún no explica por qué la fuerza pública agredió a personas dentro de sus vehículos o por qué periodistas que documentaban los hechos fueron blanco de golpes. Estos últimos actos plantean una pregunta incómoda: ¿se buscaba silenciar la protesta o impedir que se documentaran los excesos? La evidencia apunta a una estrategia de disuasión mediante el miedo, levantando serias dudas sobre el compromiso real con la protección de los más vulnerables y la garantía de los derechos fundamentales.
