La red de abogadas que desafía la impunidad en casos de violencia de género

¿Qué tan efectiva será la nueva Red Nacional de Abogadas de las Mujeres para combatir la violencia de género en México? Con 838 juristas en su fase inicial, este programa promete asesoría legal gratuita a través de la línea 079, opción 1. Pero detrás del discurso oficial surgen interrogantes: ¿Cómo garantizarán la protección real de las víctimas? ¿Qué recursos tendrán para enfrentar un sistema judicial históricamente adverso?

Durante el lanzamiento en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que este proyecto simboliza “derechos y justicia”. Sin embargo, especialistas consultados cuestionan si bastará con voluntad política para revertir décadas de impunidad. “Las cifras de feminicidios no disminuyen, y los casos siguen sin resolverse”, advierte una abogada feminista que prefirió el anonimato.

“Este programa es un acto de justicia y amor colectivo, pero sin presupuesto etiquetado y capacitación continua, podría quedarse en simbolismo”, señala Irma Lorena Aguilar, coordinadora en Quintana Roo.

Documentos obtenidos por este medio revelan que, aunque el programa se ampara en reformas constitucionales, su operación dependerá de la coordinación con gobiernos estatales. Hasta ahora, solo Quintana Roo ha confirmado su adhesión con 15 abogadas y 5 psicólogas. ¿Por qué otros estados no se han sumado? Fuentes internas sugieren disputas por recursos federales.

La Cartilla de Derechos de las Mujeres, otro pilar de la estrategia, promete educar sobre acceso a salud, vivienda y salarios equitativos. No obstante, en comunidades rurales e indígenas, donde el 68% de las mujeres desconoce sus derechos legales (según datos del INEGI), su distribución enfrenta retos logísticos y culturales.

En la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció medidas complementarias: una Defensoría Social y patrullas especializadas. Pero organizaciones civiles exigen transparencia: “¿Cómo seleccionarán al personal? ¿Qué protocolos seguirán?”, cuestiona el Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género.

Lo que no se ha dicho

• El presupuesto asignado representa solo el 0.3% del gasto federal en seguridad.
• 12 estados no cuentan con infraestructura para albergar a víctimas en riesgo.
• El 40% de las denuncias por violencia familiar son archivadas sin seguimiento.

Mientras las autoridades celebran esta iniciativa, las cifras revelan una realidad cruda: cada día, 10 mujeres son asesinadas en México. La red de abogadas podría ser un paso histórico, pero sin fiscalías especializadas y jueces sensibilizados, el camino hacia la justicia sigue plagado de obstáculos.