Una investigación profunda de la Fiscalía General de la República (FGR) ha develado una trama de corrupción de alcances insospechados, donde el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ejerció un control meticuloso sobre una red de complicidad que infectó las filas de la Secretaría de Marina, funcionarios públicos, agentes aduanales y el sector empresarial.
En el corazón de esta operación delictiva se encuentran los hermanos y oficiales navales, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. ¿Hasta qué punto lograron estos mandos pervertir la institución? Los documentos judiciales consultados detallan cómo facilitaron sistemáticamente el ingreso ilegal de millones de litros de combustible adulterado, el llamado “huachicol” fiscal, burlando la ley a través de los puertos más importantes del país.
Pero el combustible era sólo una parte del negocio. Las pesquisas también avanzan sobre una línea de investigación aún más siniestra: el tráfico de fentanilo. Esto plantea una pregunta incisiva: ¿la infraestructura logística creada para el huachicol servía también como canal para esta droga letal?
El hilo conductor de la investigación lleva directamente a las empresas Intanza y Azteca Cone, con domicilios fiscales en Nuevo León, identificadas como las principales beneficiarias de este esquema. Sin embargo, la pieza clave del rompecabezas era Mefra Fletes, con sede en Guadalajara, Jalisco. Esta compañía operaba como el enlace directo con la cúpula del CJNG. Su representante legal no era un delincuente cualquiera: se trata del ex juez Anuar González Hemadi, destituido previamente por encubrir a “Los Porkys”, el grupo de jóvenes acusados de una violación grupal en Veracruz. ¿Cómo un ex operador de justicia terminó siendo el brazo financiero del cártel más poderoso de México?
Los testimonios y registros financieros indican que Mefra Fletes operaba con una maraña de al menos 15 empresas, algunas factureras y otras completamente fantasmas, diseñadas para un único propósito: lavar dinero y ocultar el origen ilícito de las operaciones. Uno de sus socios, Eric Daniel Zamora Delgadillo</strong, ya está acusado en Estados Unidos de lavar activos para el CJNG a través de la empresa "Ecocarburante", lo que le valió un lugar en la infame lista OFAC del Departamento del Tesoro norteamericano.
La investigación sigue el rastro del dinero más allá de las fronteras. Otra compañía crucial en esta trama es Ikon Midstream LLC, con sede en Houston, Texas, presuntamente la encargada de vender el producto en el mercado estadounidense. Fueron estas empresas las que introdujeron 14 buques cargados con gasolina, declarada fraudulentamente como aditivos en los pedimentos de importación.
Según los registros de la aduana de Tampico, entre 2024 y 2025, esta red fue responsable de la importación de millones de litros de supuestos aditivos para aceites lubricantes a granel, transportados en 31 buques. La audacia del cártel no conocía límites: incluso después de los operativos en Tampico, lograron desembarcar diésel ilegal en el puerto de Guaymas, Sonora, en marzo pasado, a bordo del buque “Torm Agnes”.
La revelación final, y quizás la más alarmante, se encuentra en el expediente de la FGR: los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del ex Secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, no sólo cometieron delitos, sino que se hicieron del control operativo de varias aduanas marítimas, incluyendo Tampico, Altamira y Guaymas. Colocaron a personal naval leal a ellos o identificaron y corrompieron a aquellos que consideraron vulnerables. Esto no era una simple infiltración; era una toma de posesión institucional desde dentro. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿esta red está realmente desmantelada, o sólo hemos visto la punta del iceberg?
