La red de gasoductos en México opera a media capacidad
Una investigación profunda sobre el sector energético en México revela una paradoja que afecta directamente el bolsillo de los consumidores: una vasta red de gasoductos, la columna vertebral para el transporte del gas, está siendo subutilizada de manera crítica. Los datos, proporcionados por analistas y actores clave de la industria, pintan un cuadro de ineficiencia sistémica donde, en promedio, estas infraestructuras cruciales operan solo al 50% de su capacidad. La pregunta que surge de inmediato es: ¿por qué un país que busca la autosuficiencia energética desaprovecha sus propios activos?
La presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), Rocío Robles Serrano, fue más allá en una conferencia de prensa titulada “Huachicoleo, pagos pendientes y la crisis de confianza en el sector energético”. Sus declaraciones fueron contundentes: existen ductos, como el corredor de Veracruz a Guadalajara, que permanecen inoperantes en un 90%. Otros, como los de Cactus y Topolobampo, llevan más de un año cerrados. La evidencia sugiere una desconexión entre la infraestructura disponible y su operatividad.
La ecuación económica es simple y devastadora. Robles Serrano lo dejó claro: transportar el combustible a través de ductos es entre 16 y 17 veces más barato que hacerlo por pipas o “ruedas”. Si el costo es tan inferior, ¿qué impide que el gas llegue de manera más rápida y económica al usuario final? La respuesta parece esconderse en un entramado de problemas de seguridad, opacidad y decisiones operativas cuestionables.
Nuestra investigación conecta este punto con otro flagelo: el robo de combustibles. Las cifras oficiales, ahora enmascaradas bajo el eufemismo de “incidentes no operativos”, son alarmantes. Las pérdidas de Gas LP por sustracción ilegal a Pemex se duplicaron en el primer trimestre de 2025, escalando de 61 mil toneladas en el mismo periodo de 2024 a la impactante cifra de 123 mil toneladas. Este no es un problema menor; es una hemorragia financiera y de recursos.
Pero, ¿cómo operan estos grupos delictivos? La propia presidenta de Amexgas planteó una incógnita crucial: el robo en los ductos no es aleatorio. Requiere de un conocimiento interno sobre las variaciones de presión del sistema, información que, en teoría, solo maneja Petróleos Mexicanos (Pemex). Esto lleva a cuestionar inevitablemente la existencia de complicidad o filtraciones al interior de la empresa estatal. La llamada a una depuración interna, en colaboración con el gobierno y el Ejército, parece más urgente que nunca.
Mientras las empresas formales se ven sometidas a una creciente sobrerregulación —que incluye controles volumétricos, trazabilidad, códigos QR para las pipas y registros detallados de los conductores—, el mercado informal florece. Alicia Zazueta Payán, CEO de eServices, estima que uno de cada tres litros de combustible que circula es “huachicol”, ya sea por evasión fiscal o por mezclas ilegales. La nueva normativa, si bien busca ordenar el sector, representa una carga económica de entre 100 mil y 130 mil pesos por unidad para la instalación de GPS e infraestructura de datos, un costo que las empresas legítimas deben absorber mientras luchan contra un competidor ilegal que no tiene esas obligaciones.
Al rastrear la evolución del problema, las cifras son reveladoras. El gobierno federal reporta un explosivo incremento en las tomas clandestinas. De 160 registradas en todo el sexenio de Felipe Calderón, se pasó a más de 800 con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la administración de Andrés Manuel López Obrador vio cómo esta cifra se disparaba a más de 11 mil. Y el fenómeno no da tregua: con Claudia Sheinbaum, en el periodo de septiembre de 2024 a junio de 2025, ya se han localizado más de 782 tomas, una cantidad que supera lo encontrado en los seis años de Calderón.
La conclusión de esta indagación apunta a un problema estructural y de seguridad nacional. Ricardo Ortega, representante de Alliance, lo expresó sin ambages: “No se puede seguir permitiendo que el crimen organizado esté dentro de los gobiernos”, en alusión a casos documentados en estados como Tabasco y Veracruz. Señaló una “opacidad en aduanas” que vulnera al país y exigió “valentía institucional” para enfrentar una corrupción que permea las estructuras. La subutilización de los gasoductos no es un fallo técnico aislado; es el síntoma de una crisis más profunda de gobernanza, donde la infraestructura duerme mientras el huachicol y la ineficiencia le cuestan caro a México.
