La reforma del IMSS para apps es un impuesto disfrazado

Una voz desde el volante desafía la narrativa oficial

María Clemente García, exdiputada y ahora conductora de Uber, irrumpe en el debate con una cruda realidad: la incorporación al seguro social no es una concesión de derechos, sino una imposición fiscal encubierta. Su testimonio desde las trincheras de la economía gig desmonta la retórica oficial de Morena y expone una reforma que prioriza la recaudación de impuestos sobre el bienestar del trabajador digital.

¿Qué sucede cuando una reforma laboral se convierte en un caballo de Troya? Clemente desvela el mecanismo: un gravamen automático que no consulta a los afectados, combinado con un aumento del 8% en las tarifas que traslada la carga directamente al usuario final. El resultado: un sistema que simula protección mientras erosiona el poder adquisitivo de conductores y clientes.

La crítica apunta al corazón del paradigma de la seguridad social del siglo XXI: ¿es posible innovar en derechos laborales sin replicar estructuras obsoletas? La exlegisladora señala la ironía de recibir “el peor servicio de seguridad social del mundo” a cambio de un nuevo impuesto, cuestionando la eficacia misma del modelo del IMSS para la economía flexible.

El enfrentamiento retórico: ¿derechos o recaudación?

Frente a la postura de Camila Martínez, secretaria de comunicación de Morena, quien defiende el programa piloto como un avance en derechos laborales, surge una pregunta disruptiva: ¿estamos midiendo el progreso en registros burocráticos o en calidad de vida tangible?

El senador panista Héctor Saúl Téllez Hernández cataloga el esquema como una “trampa“, un término que resuena en la ausencia de consentimiento explícito. Martínez contraataca con una pregunta retórica sobre la necesidad de seguridad social, pero evita el fondo del debate: la diferencia entre un derecho otorgado y un servicio impuesto sin consulta.

Este choque ideológico revela una fractura más profunda en la visión del futuro del trabajo. ¿Estamos construyendo un sistema de protección social adaptado a la nueva realidad digital, o simplemente expandiendo la base tributaria con un disfraz progresista? La respuesta podría redefinir la relación entre innovación, fiscalidad y derechos en la era de las plataformas digitales.