La reforma judicial en México amenaza la confianza de los inversores

La reciente implementación de elecciones populares para designar jueces y magistrados en México ha desatado un debate sobre su posible impacto en la Inversión Extranjera Directa (IED). Analistas coinciden en que la incertidumbre generada por estos cambios podría erosionar la confianza de los mercados internacionales.

Natalia Campos, coordinadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), advierte que el Estado de Derecho es un pilar clave para la competitividad. “La percepción de autonomía judicial influye directamente en las decisiones de inversión“, afirma. La falta de independencia en los tribunales, según Campos, podría disuadir a empresas enfrentadas a posibles disputas legales.

El paralelismo con casos como Venezuela, donde las reglas de juego fluctúan sin predictibilidad, preocupa a los inversionistas. “Las corporaciones evitan mercados con marcos jurídicos volátiles”, explica Campos. Gabriela Siller, de Banco Base, refuerza esta idea: “La seguridad jurídica es la base de cualquier economía atractiva”.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) ya ha señalado riesgos a largo plazo: desde el debilitamiento en el cumplimiento de contratos hasta tensiones en la relación económica de América del Norte, especialmente ante la revisión del T-MEC en 2026. Un panel de análisis programado para el 6 de junio profundizará en estas consecuencias, evaluando cómo la reforma afectará la integración regional.

¿Está México ante un punto de inflexión? La respuesta dependerá de si logra equilibrar innovación democrática con estabilidad económica—un desafío que redefine los límites entre justicia y mercado.