La reforma que elimina la consulta pública en regulaciones clave

¿Qué se esconde detrás de la nueva reforma legal impulsada por el bloque de Morena en el Senado? Una investigación revela cómo esta modificación permitirá al Gobierno federal eludir la consulta pública en proyectos de alto impacto, incluso aquellos con consecuencias económicas o sociales significativas, hasta su publicación en el Diario Oficial.

Bajo el argumento de agilizar trámites, la medida elimina de un plumazo un mecanismo clave de rendición de cuentas: la posibilidad de que sectores afectados analicen, critiquen o alerten sobre regulaciones cuyos costos podrían superar sus beneficios. Fuentes consultadas dentro de la extinta Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) advierten: “Esto representa un retroceso de 25 años en transparencia administrativa“.

El artículo 36 de la flamante Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos es particularmente preocupante: exime del Análisis de Impacto Regulatorio a ocho categorías de documentos, incluyendo decretos presidenciales, reglamentos e iniciativas de gobernadores. ¿Cómo se garantizará entonces el escrutinio ciudadano?

Más alarmante aún: quedan exentas normas sobre salud pública, protección ambiental, contrataciones gubernamentales e incluso seguridad nacional. Expertos consultados coinciden en que esta disposición podría facilitar la aprobación expedita de proyectos polémicos sin debate previo.

El traslado de funciones de la Conamer y el IFT a la nueva Agencia de Transformación Digital plantea más interrogantes que respuestas. Documentos internos obtenidos por este medio sugieren que la reestructura responde más a una concentración de poder que a una genuina modernización. ¿Estamos ante un caso de opacidad institucionalizada?

Esta investigación continúa. En próximas entregas revelaremos cómo ciertos grupos empresariales podrían beneficiarse de estos cambios, y analizaremos casos específicos de regulaciones que ya están avanzando sin el escrutinio público que antes era obligatorio.