La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha emitido una aclaración oficial sobre el cese de operaciones de la casa de bolsa Vector. Según la dependencia, la revocación de la licencia se procesó a solicitud expresa y voluntaria de la propia entidad financiera, y no como resultado de las acusaciones públicas realizadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En mi experiencia, estas distinciones son cruciales; el mercado suele reaccionar con pánico ante señalamientos internacionales, pero el marco regulatorio local exige separar los procesos y respetar la voluntad de los accionistas, algo que en esta ocasión la autoridad ha subrayado con firmeza.
¿Qué motivó la revocación de la licencia de Vector?
La SHCP precisó, mediante un comunicado, que la petición fue avalada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Vector, reunida el 26 de noviembre, y que respondía únicamente a los intereses estratégicos de los socios de la institución. He visto a lo largo de los años cómo estas decisiones, tomadas en asamblea, suelen ser el epílogo de una evaluación interna profunda sobre la viabilidad del negocio, lejos a veces del escrutinio público. La petición formal se presentó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 1 de diciembre, cumpliendo, según Hacienda, con todos los requisitos legales, financieros y documentales. La lección aquí es clara: un proceso administrativo impecable es la mejor defensa contra la especulación.
Detalles sobre la solicitud de revocación de Vector
Posteriormente, el 2 de diciembre, la Junta de Gobierno de la CNBV resolvió favorablemente la cancelación de la autorización de Vector, tras un análisis exhaustivo de su situación legal, operativa y financiera. La SHCP fue enfática al señalar que esta determinación no tiene vínculo alguno con investigaciones o acciones de autoridades estadounidenses, deslindando el caso de los recientes señalamientos de FinCEN. Desde mi perspectiva, esta aclaración no es solo burocrática; es un mensaje de soberanía regulatoria. En la práctica, confundir ambos planos puede dañar la reputación de todo un sistema financiero, por lo que la precisión en la comunicación, como en este caso, no es un detalle menor, sino una necesidad para mantener la estabilidad y la confianza en el mercado.
