La SCJN delega a los congresos locales la decisión sobre licencias de paternidad

En un fallo que redefine los alcances del poder judicial, la Suprema Corte de Justicia declaró incompetente para establecer la duración de los permisos parentales, anulando la licencia de 10 días en Baja California Sur y trasladando la responsabilidad a los legisladores estatales. ¿Podría esta decisión marcar un precedente para repensar cómo diseñamos políticas de conciliación familiar?

La ministra Yasmín Esquivel planteó un desafío conceptual: “Equiparar automáticamente los permisos de paternidad con los de maternidad sería tan disruptivo como construir un puente sin calcular su resistencia”. Su argumento cuestiona los modelos tradicionales de protección social, sugiriendo que cada estado debe innovar sus esquemas según su capacidad fiscal.

Este veredicto expone una paradoja contemporánea: mientras avanzamos hacia la igualdad de género, las estructuras institucionales siguen ancladas en lógicas presupuestarias del siglo XX. La Corte advirtió sobre el riesgo de crear jurisprudencia sin bases actuariales, pero ¿no será esta precisamente la oportunidad para reinventar nuestros sistemas de bienestar?

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El fallo subraya que los congresos locales deben liderar esta transformación, considerando variables económicas únicas. Sin embargo, plantea una pregunta radical: ¿y si en lugar de ver las licencias como costos, las rediseñamos como inversiones en productividad y salud familiar? Países nórdicos demostraron que políticas parentales audaces generan retornos sociales multiplicadores.

Al trasladar la discusión al ámbito legislativo, la SCJN no elude su responsabilidad, sino que propone un laboratorio federalista: 32 posibles modelos de permisos parentales que podrían convertirse en banco de pruebas para encontrar el equilibrio perfecto entre derechos sociales y sostenibilidad financiera.