La SCJN respalda a la Cofece en demanda millonaria contra farmacéuticas

En un fallo que redefine las reglas del juego en la lucha contra los monopolios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado luz verde a una batalla legal sin precedentes. Por tres votos contra uno, la Segunda Sala revirtió la decisión inicial que bloqueaba las acciones colectivas de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra tres gigantes farmacéuticos: Diprofar, Casa Saba y Fármacos Nacionales.

Este veredicto no solo desbloquea una indemnización récord de 2,316 millones de pesos, sino que plantea una pregunta disruptiva: ¿y si en lugar de multas punitivas, las sanciones anticompetencia financiaran directamente el sistema público de salud? La audaz propuesta de destinar los recursos recuperados al IMSS-Bienestar podría crear un modelo donde las malas prácticas corporativas terminen fortaleciendo la salud colectiva.

El caso expone una trama de colusión digna de thriller económico: durante una década (2006-2016), estas empresas manipularon precios, limitaron descuentos y hasta organizaron “días sin medicamentos”. Aunque en 2021 recibieron multas por 903 millones -el máximo permitido-, el daño real a los consumidores fue casi tres veces mayor. Aquí surge otra innovación: la Cofece, en lugar de conformarse con sanciones administrativas, está utilizando por primera vez una herramienta legal subutilizada en México: las acciones colectivas al estilo de las “class actions” estadounidenses.

Lo verdaderamente revolucionario no es la cifra millonaria, sino el precedente que sienta. En un giro poético de justicia económica, los mismos mecanismos que permitieron el abuso (la concentración de mercado) podrían convertirse en la semilla de su corrección. Mientras la Cofece se transforma en la Comisión Nacional Antimonopolios, este caso plantea una visión alternativa: que los órganos reguladores no solo castiguen infracciones, sino que diseñen remedios creativos que reparen el daño social.

El camino no será fácil -las acciones colectivas en México tienen solo un 3% de éxito-, pero como demostró el caso de las gaseras en 2018, cuando la justicia económica gana, todos ganamos. Quizás este sea el inicio de una nueva era donde las reglas del capitalismo se reescriban para que los monopolios, paradójicamente, terminen financiando el bien común.