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La Semar desactiva red de comunicación clandestina de narcos en Baja California

La Marina desmantela tecnología clave usada por grupos criminales para evadir la justicia en zonas remotas.

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Foto: El Universal.

En una operación encubierta que revela la sofisticación del crimen organizado, la Secretaría de Marina (Semar) desmanteló una red de telecomunicaciones ilegales estratégicamente oculta en las áridas montañas de San Felipe, Baja California. ¿Cómo operaban estas estructuras fantasma y qué revelan sobre los nuevos métodos de los cárteles?

Fuentes castrenses confirmaron a este medio el hallazgo de tres antenas parásitas camufladas en terrenos escarpados, equipadas con tecnología de vigilancia militar adaptada para fines ilícitos. “No son simples walkie-talkies”, advierte un oficial bajo reserva. “Estos sistemas permitían interceptar frecuencias oficiales y coordinar movimientos logísticos con precisión militar”.

Entre los equipos incautados destacan transmisores de largo alcance, baterías de ciclo profundo y dispositivos de encriptación casera. Documentos internos consultados muestran que este modus operandi se replica en al menos 12 estados, planteando una inquietante pregunta: ¿Están los grupos delictivos desarrollando su propia infraestructura de inteligencia?

Un exagente antidrogas, quien pidió anonimato, reveló: “Las antenas se mueven cada 72 horas usando sistemas de energía solar. Es una guerra tecnológica donde ellos aprenden más rápido que nuestras instituciones”. La Marina admite que este hallazgo es solo la punta del iceberg en una red que podría tener decenas de nodos activos.

Lo más alarmante: registros incautados sugieren que estos sistemas monitoreaban patrones de patrullaje naval. “No solo evadían la ley, la estudiaban para burlarla sistemáticamente”, concluye el reporte técnico obtenido exclusivamente por nuestro equipo.

Este operativo expone la paradójica realidad de la seguridad nacional: mientras las fuerzas armadas invierten millones en tecnología, los cárteles construyen redes alternas con equipos civiles modificados. La pregunta que queda flotando es clara: ¿Cuántas otras redes como esta operan impunemente en el país?

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