La sobrina de un huachicolero aspira a ser jueza federal en Puebla

La sombra del crimen organizado y el nepotismo se cierne sobre el Poder Judicial en Puebla. Ana Rosa Jiménez Loranca, sobrina del magistrado Carlos Loranca Muñoz —vinculado en múltiples ocasiones con redes de huachicol—, busca convertirse en jueza federal de Amparo en materia Civil, Administrativa y de Trabajo. Su postulación, impulsada por el Comité del Poder Ejecutivo, ha desatado alarmas entre organizaciones civiles, que la califican como una candidatura de “alto riesgo”.

¿Qué conexiones ocultas podrían estar detrás de este nombramiento? Documentos y testimonios recabados por este medio revelan un patrón inquietante: Loranca Muñoz ha tejido una red familiar dentro del sistema judicial, colocando a su hija y sobrinos en puestos clave. Jiménez Loranca, por ejemplo, fue designada como secretaria de un juzgado bajo su influencia.

La trama se complica al rastrear los antecedentes del magistrado. En 2017, medios locales expusieron sus vínculos con Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, un empresario gasolinero señalado como líder huachicolero. Aunque el Consejo de la Judicatura lo suspendió e inhabilitó por 15 años por irregularidades patrimoniales, la Suprema Corte lo reinstaló en 2024 bajo un tecnicismo legal.

“La reforma judicial prometía transparencia, pero casos como este la convierten en una farsa”, denuncia la organización Defensores. Según sus investigaciones, esta sería la décima candidatura judicial vinculada al crimen organizado en México, y la segunda relacionada directamente con el robo de hidrocarburos.

¿Hasta qué punto ha penetrado el huachicol en las estructuras del Estado? La respuesta podría estar en los próximos días, cuando se defina si Jiménez Loranca asciende al cargo. Mientras tanto, una pregunta queda flotando: ¿Es esta una excepción o la punta de un iceberg de impunidad?