El Ministerio de la Abundante Sabiduría Fiscal anuncia su nuevo programa: “La Chatarra con Sello de Oro”
En un alarde de coherencia que dejó atónitos a filósofos y contadores por igual, el Sagrado Ministerio de Hacienda y Cofre Público (SHCP) ha proclamado, con la solemnidad de quien descubre un nuevo principio universal, que el año 2026 será testigo de la perpetuación de su magnánimo programa para la importación sacramental de carruajes pre-amados de allende las fronteras. La novedad, revolucionaria donde las haya, es que ahora este acto de fe cívica requerirá del tributo correspondiente a la deidad arancelaria, previa inmolación ritual en el altar de los requisitos burocráticos.
Así fue revelado en un comunicado epifánico este lunes, un documento que, en su hermetismo, rivaliza con los textos sagrados más antiguos. El Ministerio, en su infinita misericordia, recordó a los siervos de la nación que aquellos que deseen introducir un corcel mecánico de segunda mano pueden hacerlo mediante un proceso “legal y transparente”, siempre que se sometan a las disposiciones celestiales emitidas, derogadas y re-encarnadas en el firmamento del Diario Oficial.
El sublime impuesto a la antigüedad: pagar por el privilegio del óxido
En un ejercicio de justicia poética aplicada a la mecánica, la SHCP ha diseñado una escala tributaria basada en la sabiduría de los años. Para los vehículos en la flor de la vida (de cinco a nueve primaveras), en la región fronteriza se aplica una lágrima fiscal del 1%. Para aquellos venerables artefactos que superan la década de servicio, el tributo asciende a un respetuoso 10%. Para el resto del país, la tarifa es unificadoramente punitiva: un 10% para cualquier máquina que recuerde los gloriosos días de hace ocho años. La lógica es impecable: cuanto más cerca esté el coche de convertirse en una reliquia de museo, más debe pagar por el honor de descomponerse en nuestras carreteras.
El Ministerio, con orgullo, anunció que hasta noviembre del año pasado, se había sanctificado la existencia de casi tres millones de estos prófugos del desguace, generando unas arcas públicas un botín de 7,302 millones de pesos, gracias a una “cuota única de aprovechamiento” de 2,500 pesos. Estos recursos, nos aseguran con unción, fueron destinados a “obras de repavimentación”. Una metáfora perfecta: el dinero de la chatarra que entra, para tapar los baches que ella misma ayudará a crear.
La gran contradicción: regularizar lo que ya no es un estímulo
Lo más deliciosamente absurdo del comunicado es su silencio estridente. Omite mencionar con pudor el decreto hermano, publicado justo antes de que el año muriera, que abrogaba los “estímulos” para los llamados “autos chocolate”. La razón esgrimida entonces fue de una claridad marcial: la Ley ya establece cómo hacer las cosas. Así pues, el ciudadano se encuentra en un limbo kafkiano: el programa existe, pero los beneficios no; la importación es legal, pero ahora cuesta más; se combate la informalidad, pero se cobra por entrar a la formalidad. Es como si se anunciara una amnistía para piratas, pero con la condición de que compren una licencia de corso a precio de oro.
En resumen, el paisa que sueñe con traer su viejo coche desde el norte para su retiro dorado en México, ya no gozará del beneficio del “aprovechamiento” de 2,500 pesos. En su lugar, gozará del “privilegio” de pagar un arancel. El Estado, en su genialidad, ha descubierto que es más lucrativo poner un precio a la contradicción que resolverla. Es una lección magistral de economía política: cuando no puedes vencer al mercado informal, cóbrale una entrada y llámalo política pública.
