La trata de personas en México revela vínculos con el crimen organizado

¿Qué hay detrás de las frías estadísticas sobre la trata de personas? Un negocio global que mueve miles de millones, pero cuyas víctimas rara vez encuentran justicia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) insisten en que este flagelo no solo persiste, sino que se adapta. ¿Cómo lo hace? Infiltrándose en plataformas digitales, aprovechando la desesperación migrante y corroyendo instituciones.

El lema de este año —”La trata de personas es crimen organizado”— no es una metáfora. Documentos internos de la UNODC, obtenidos por este medio, detallan que el 74% de los casos investigados están vinculados a estructuras mafiosas. Algunas operan con violencia explícita; otras, como corporaciones depredadoras. ¿Por qué entonces menos del 10% de las denuncias llegan a sentencia? Fuentes dentro de la Fiscalía General de la República hablan de “obstrucción sistemática” y redes de protección.

En México, los números son escalofriantes: un aumento del 86% en reportes de trata vinculados a pornografía infantil en solo un año. Pero aquí hay una paradoja: mientras las autoridades celebran la “Estrategia Nacional” contra el crimen organizado, organizaciones civiles denuncian que el 62% de los casos involucran a menores captados en plataformas como TikTok o Fortnite. “Es más fácil que un tratante contacte a un niño en un juego en línea que en la calle”, advierte Elena Pérez, sobreviviente y fundadora de la asociación Luz de Esperanza.

Los testimonios recabados pintan un panorama desolador. María (nombre cambiado por seguridad), migrante hondureña rescatada en Chiapas, relata: “Prometieron ayudarme a cruzar a EE.UU. Terminé en un taller textil trabajando 18 horas diarias”. Su historia no es excepción: el 73% de los casos con migrantes son trabajos forzados. ¿Quiénes son los consumidores finales de estos servicios? Empresas agrícolas, constructoras y hasta hogares particulares que prefieren mirar hacia otro lado.

La pregunta incómoda: ¿Están fallando las políticas públicas? El nuevo marco jurídico mexicano promete combatir el delito con “inteligencia policial”, pero un informe filtrado del Consejo Ciudadano señala que el 80% de las alertas por trata no se investigan por “falta de recursos”. Mientras, las víctimas —59% mujeres y niñas— enfrentan un sistema que las revictimiza. “Me pidieron pruebas de que fui explotada. ¿Qué prueba más quieren que mi cuerpo marcado?”, cuestiona Ana L., sobreviviente de explotación sexual.

Este reportaje revela que la trata ya no es un delito marginal, sino un pilar económico del crimen organizado. Con cada denuncia ignorada, con cada plataforma que no regula sus contenidos, la cadena de complicidades crece. La conclusión es clara: sin presión ciudadana y rendición de cuentas real, el lema de la ONU seguirá siendo una consigna vacía. La explotación no terminará con discursos, sino con acciones concretas contra quienes la financian.