En un giro disruptivo contra la impunidad, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) ha convertido un escándalo en un precedente histórico: la expulsión irrevocable de dos profesores acusados de hostigamiento sexual. ¿Podría este caso inspirar un nuevo protocolo contra la violencia de género en las instituciones educativas?
La decisión unánime, tomada en sesión extraordinaria, no solo aplica la sanción máxima sino que redefine el contrato moral entre educadores y estudiantes. Imagine un ecosistema académico donde las denuncias no se archivan, sino que detonan reformas estructurales. Los implicados: Urbano Cano Castañeda (Preparatoria 11, Tlapa) y Alejandro Hermelindo Ramírez Guzmán (Preparatoria 4, Taxco), representan la punta del iceberg de un sistema que demanda reinvención.
José Trinidad Zamacona, presidente del Tribunal Universitario, elevó el debate: “Estas conductas no solo violan normas, sino que fracturan la esencia misma de la educación”. ¿Y si las universidades implementaran algoritmos de transparencia o asambleas estudiantiles con poder vinculante? La acción del Rector Javier Saldaña Almazán —más allá del despido— plantea un desafío radical: transformar los códigos de conducta en pactos generacionales contra la opacidad.
Este caso no cierra con una sanción; abre una grieta en el status quo. ¿Será el inicio de una pedagogía donde la ética no sea un capítulo del reglamento, sino el ADN institucional?
