Una docena de facultades y colegios de bachilleres de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentran en paralización total de actividades. Esta medida de fuerza, ¿es solo una respuesta inmediata al reciente y brutal homicidio del joven estudiante Jesús Israel dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, o es el síntoma de una crisis de seguridad mucho más profunda y enquistada en la máxima casa de estudios?
La demanda central en todas las asambleas es, inequívocamente, mayor seguridad en los campus. Sin embargo, nuestra investigación revela que los estudiantes han entrelazado esta exigencia con reclamos históricos de justicia, como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Tlatelolco en 1968. ¿Qué conecta estas luchas aparentemente distantes en el tiempo? Fuentes cercanas a los comités de huelga sugieren que es una misma demanda de fondo: el fin de la impunidad y la garantía de derechos fundamentales en los espacios educativos.
Mientras tanto, en el epicentro de la tragedia, el CCH Sur, el diálogo entre la comunidad estudiantil y las autoridades del plantel parece estancado. Representantes alumnos, en conversación con este medio, expresaron su frustración ante la falta de avances concretos para resolver su pliego petitorio. “Las promesas no son suficientes. Necesitamos hechos”, afirmó una vocera estudiantil que pidió mantener el anonimato por temor a represalias. Este lunes, un comité realizará una inspección minuciosa de las instalaciones para verificar la urgente necesidad de implementar botones de emergencia y una red de luminarias funcionales, elementos básicos de prevención que, según los testimonios recabados, han sido ignorados por años.
Frente a la creciente presión, la rectoría de la UNAM, encabezada por Leonardo Lomelí, ha propuesto una medida inmediata que ha generado un intenso debate: la revisión de las pertenencias de los alumnos al ingresar a los planteles. ¿Se trata de una solución efectiva o de una medida paliativa que no aborda las causas raíz de la violencia? Expertos en seguridad consultados cuestionan la eficacia de esta estrategia, señalando que podría criminalizar a la comunidad estudiantil sin resolver problemas estructurales como la infiltración de grupos delictivos o la falta de programas de prevención psicosocial. La verdadera pregunta que queda flotando en el aire es si las autoridades universitarias están dispuestas a destapar las capas más incómodas de esta crisis o si se limitarán a respuestas superficiales.
