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La votación histórica que redefine el liderazgo de la Corte Suprema

La transparencia electoral define el futuro de la justicia en México bajo estrictos criterios constitucionales.

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CIUDAD DE MÉXICO.- Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, reafirmó que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recaerá en el candidato con mayor respaldo ciudadano, tal como lo estipula el artículo 94 de la Constitución. Este mecanismo, lejos de ser una mera formalidad, representa un giro radical hacia la democratización del poder judicial.

La reforma constitucional establece un sistema de asignación por mérito electoral: la candidatura con votación más alta asumirá la presidencia durante dos años, seguida por las demás según su posición en las urnas. “No hay ambigüedades”, enfatizó Taddei durante la conferencia, destacando que el INE otorgará la constancia de mayoría al candidato con votos más contundentes.

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Este proceso desafía paradigmas tradicionales al priorizar el mandato popular sobre cuotas de género. Si bien la reforma impulsa la equidad —garantizando cinco ministras—, la presidencia se decide por apoyo ciudadano. Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco y defensor de derechos indígenas, emerge como favorito con 5.4 millones de votos preliminares, simbolizando una ruptura con el establishment judicial.

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una supuesta “preferencia” para mujeres en la presidencia contrastan con el marco legal. Taddei respondió con firmeza: “El INE actúa con apego irrestricto a la Constitución”. La participación del 12.22% (10.9 millones de votantes) refleja tanto el interés ciudadano como los desafíos de legitimidad en un sistema donde los candidatos fueron promovidos activamente por Morena.

Esta elección, histórica por su transparencia y enfoque meritocrático, sienta un precedente: la justicia ya no se decide en pasillos políticos, sino en urnas. ¿Podría este modelo inspirar reformas similares en otros poderes del Estado? La respuesta podría redefinir el contrato social mexicano.

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