Las millonarias mudanzas de las secretarías revelan gasto discrecional

CIUDAD DE MÉXICO — Detrás del anuncio rutinario sobre el cambio de sedes de las secretarías de Energía y Salud se esconde un entramado de contratos millonarios, espacios subutilizados y planes fallidos de descentralización que cuestionan la eficiencia del gasto público. ¿Qué intereses económicos y políticos impulsan estos movimientos?

El costoso juego de las sillas musicales

La Secretaría de Energía (Sener) ocupará a partir de esta semana el edificio Corporativo Glorieta Insurgentes, un inmueble que entre 2019 y 2023 albergó a la Fiscalía General de la República (FGR) con un costo acumulado de 959 millones de pesos en renta y mantenimiento. Documentos obtenidos revelan que el propietario, el empresario Sholem Cimet Ralsky, mantiene una relación contractual recurrente con dependencias federales.

Fuentes internas consultadas confirman que solo se ocuparán 19 de los 27 pisos disponibles, pese a que portales inmobiliarios cotizan el espacio a 934 mil pesos mensuales. Esto representa un gasto anual superior a los 11 millones de pesos, mientras 829 funcionarios se redistribuyen en espacios que originalmente albergaban a 344 empleados de organismos extintos.

Acapulco: el experimento fallido

La Secretaría de Salud (Ssa) abandonó su intento de descentralización en Acapulco tras apenas dos años de operación. Testimonios de trabajadores describen instalaciones subutilizadas y costos logísticos no contemplados. “Era más cara la operación que los supuestos ahorros”, admitió un funcionario bajo condición de anonimato.

Ahora, 17 unidades administrativas se reinstalan en el edificio de Agrarismo 227, propiedad gubernamental que permanecía ocioso tras la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. Paralelamente, ocho áreas mantienen su ubicación en Polanco, con un contrato de arrendamiento financiero que supera los 680 millones de pesos.

Patrón recurrente

La investigación descubrió que al menos tres secretarías han ocupado en los últimos cinco años inmuebles vinculados a esquemas de arrendamiento financiero cuestionados. El caso más emblemático: el edificio de Insurgentes Sur 3211, adquirido por 782 millones de pesos mediante un contrato a 20 años con el extinto INAI, ahora sede de la Secretaría Anticorrupción.

Expertos en administración pública consultados señalan que estos movimientos reflejan una falta de planeación estratégica. “Es un círculo vicioso: se pagan rentas exorbitantes por espacios que luego quedan vacíos, mientras existen propiedades federales infrautilizadas”, advierte la Dra. Claudia Ríos, especialista en finanzas gubernamentales.

¿Responden estas mudanzas a necesidades operativas reales o forman parte de una maquinaria de gasto discrecional? Los documentos obtenidos plantean más preguntas que respuestas, dejando al descubierto las complejas dinámicas detrás de la logística gubernamental.