La reciente aprobación de la Ley Nicole en el Congreso de Durango representa un avance legislativo significativo, aunque para Carlos Said Arellano, padre de Paloma Nicole, llega demasiado tarde. Su hija perdió la vida tras someterse a una operación estética, un hecho que conmocionó a la sociedad y evidenció un vacío regulatorio crítico. Para él, esta ley es un paso necesario, pero insuficiente frente al dolor que lo acompaña cada día. Expresa que, si bien es positivo que se haya aprobado, fue muy tarde para lo que le sucedió a su familia, y espera que sirva de ejemplo para que otras niñas no pasen por lo mismo.
La ley, impulsada tras la indignación social generada por la muerte de Paloma Nicole, prohíbe de manera explícita que clínicas y médicos realicen cirugías estéticas a adolescentes. Se configura como una medida preventiva con un enfoque analítico hacia la protección integral de los menores. Para Carlos, sin embargo, es el eco tardío de un llamado que llegó cuando ya no había posibilidad de salvar a su hija. El duelo que enfrenta es un proceso continuo; ha buscado herramientas para mantenerse en pie, recurriendo a ayuda profesional psicológica y tanatológica, enfocándose en el ejercicio físico y acercándose a la iglesia en busca de apoyo espiritual. Reconoce que el proceso es extremadamente difícil, pero que aferrarse a estas rutinas le permite sostenerse en medio de lo que describe como un naufragio emocional.
Agradece profundamente el respaldo social y los mensajes de solidaridad que recibió tras hacerse público el caso, un abrazo colectivo que guarda con aprecio. No obstante, su mirada permanece fija en un objetivo primordial: que la justicia alcance a los responsables. Sostiene que el camino ahora está en manos de las autoridades, y su esperanza es que cada paso del proceso legal honre la vida de su hija y aclare un suceso marcado por el engaño. Mientras tanto, la Ley Nicole se erige como un legado doloroso, una protección para otros adolescentes que llega demasiado tarde para Paloma, pero que potencialmente podría evitar que otra familia experimente el abismo que él enfrenta diariamente.
La aprobación de la reforma se produjo por unanimidad en el Congreso de Durango, un gesto político con una fuerte carga social. La ley, impulsada por la diputada Gabriela Vázquez Chacón, no es meramente punitiva; representa un paso preventivo diseñado para evitar que tragedias como la de Paloma Nicole se repitan. La legisladora explicó que esta legislación busca impedir que hospitales, clínicas o consultorios sin la preparación y supervisión adecuada realicen cirugías estéticas en menores. Tal como quedó plasmado en la reforma, ningún procedimiento con fines estéticos podrá realizarse en menores, incluso con el consentimiento de sus padres, hasta que hayan concluido su desarrollo físico.
Además, la ley introduce un modelo de responsabilidad penal para personas morales. Esto significa que clínicas, consultorios, hospitales e incluso los arrendadores de los espacios donde se realicen estas prácticas podrán ser sancionados si permiten intervenciones irregulares en menores. Ernesto Alanís, presidente de la Junta de Coordinación Política, subrayó que la ley no solo regula a los médicos, sino a todos aquellos que, por acción u omisión, faciliten que un menor sea operado sin las condiciones seguras y la autorización legal adecuada.
Para comprender el impacto y la urgencia de la Ley Nicole, es indispensable retomar los hechos del caso que la originó. Carlos Said Arellano narró que el 12 de septiembre su hija fue llevada por su madre bajo el pretexto de un viaje a la sierra, donde se le practicó una cirugía estética. El 15 de septiembre, fue informado de que la adolescente estaba hospitalizada. Al llegar a la unidad médica, la encontró intubada e inducida en un coma médico. Su salud se deterioró rápidamente y para el 20 de septiembre, un electroencefalograma dictaminó muerte cerebral. Ese mismo día, Paloma Nicole falleció, según consta en su certificado de defunción.
Durante el velatorio, Carlos descubrió en el cuerpo de su hija las cicatrices de implantes mamarios y un corpiño quirúrgico, evidencia clara de que había sido intervenida sin su conocimiento. Ante este hallazgo, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango y exigió una necropsia. Los dictámenes posteriores señalaron como causas del deceso edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva informó que se solicitó la suspensión provisional del cirujano involucrado por presunta mala praxis.
La indignación ciudadana se materializó en una marcha multitudinaria el 27 de septiembre, donde más de mil personas recorrieron las calles del Centro Histórico de Durango para exigir castigo para los responsables. Ese mismo día, la fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso confirmó la detención de la madre de la menor, identificada como Paloma Jazmín ‘N’, y de su padrastro, Víctor ‘N’, presunto responsable de realizar la cirugía. Posteriormente, el 3 de octubre, ambos fueron vinculados a proceso, y la Fiscalía General del Estado de Durango tiene un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria.
La muerte de Paloma Nicole puso de manifiesto un problema estructural más profundo, revelando grietas significativas en el marco legal y la supervisión sanitaria. Según la versión del padre, él no dio su consentimiento para la operación, y la madre convenció a la menor y la llevó al quirófano bajo engaños. Aunque inicialmente se afirmó que la clínica contaba con permisos y personal certificado, los documentos presentaban anomalías, y el certificado de defunción omitía mencionar el procedimiento quirúrgico realizado. La fiscalía investiga a la madre por omisión de cuidados y posible colaboración, mientras que al cirujano se le acusa de homicidio culposo.
La diputada Vázquez Chacón ha defendido la reforma como una medida de protección integral, que incluye no solo sanciones penales, sino también campañas de concientización sobre los peligros de la estética en la adolescencia. Afirmó que la sociedad debe reconocer que la presión digital, las redes sociales y los estándares de belleza irreales pueden empujar a los jóvenes a tomar decisiones peligrosas para su integridad física y emocional. La ley prevé castigos para las personas morales que vulneren los protocolos mínimos de seguridad, extendiendo la responsabilidad incluso a los arrendadores que permitan prácticas irregulares en sus inmuebles.
La voz de la familia, encabezada por Carlos Arellano, ha sido crucial en este proceso. Su testimonio público ha visibilizado la extrema vulnerabilidad de los menores ante decisiones médicas de alto riesgo, especialmente en contextos donde una de las figuras parentales no está involucrada o es manipulada. Su lucha persistente ha transformado una tragedia personal en un catalizador para el cambio estructural. Para activistas, legisladores y la sociedad en general, el dolor de Paloma Nicole no debe quedar confinado a una nota policiaca, sino que debe traducirse en una lección que modifique las prácticas y las normas.
Con la aprobación de la Ley Nicole, Durango se posiciona como un estado pionero en legislar para proteger a los menores no solo de la negligencia médica, sino también de la presión social y la banalización de la medicina estética.
