Liberan a excandidato vinculado con el caso Ayotzinapa

La noche del martes, una jueza federal en el Estado de México dictó una resolución que devolvió la libertad al empresario y excandidato político Pedro Segura Valladares. La causa: una aparente falta de elementos para sostener la acusación de delincuencia organizada en su contra. Pero, ¿esta decisión judicial representa un punto final o, por el contrario, evidencia las profundas grietas en una de las investigaciones más emblemáticas de México?

Tras su liberación, Segura Valladares emergió en redes sociales proclamando su inocencia. Desde las instalaciones de su propio hotel, el mismo lugar donde fue detenido días antes, publicó un mensaje contundente: “Salgo con la frente en alta porque no soy ningún delincuente“, acusando a la ley de moverse conforme a “intereses oscuros“. Sin embargo, las declaraciones públicas apenas raspan la superficie de un expediente cargado de sombras.

La pesquisa de la Fiscalía General de la República (FGR) no era una acusación cualquiera. Fuentes cercanas al caso revelaron a este medio que las autoridades lo vinculaban directamente con la organización criminal de Guerreros Unidos. El núcleo de la imputación era grave: un testigo protegido habría señalado que en uno de los ranchos de propiedad del excandidato fueron recibidos, la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, cuatro de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

¿Por qué, entonces, la jueza Raquel Duarte Cedillo consideró insuficientes estos elementos? La respuesta parece esconderse en los archivos. Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las familias de las víctimas, confirmó en una entrevista exclusiva que la pista que conducía a Segura Valladares y su propiedad en Teloloapan no era nueva. “Era una investigación que ahí la tenían, que nunca la impulsaron“, declaró Rosales, exponiendo una inquietante paradoja: la información sobre la posible participación del empresario existía desde 2014-2015, pero permaneció inactiva, sin que las familias tuvieran siquiera conocimiento de su existencia.

Esta revelación plantea preguntas incómodas. ¿Se trató de una línea de investigación genuinamente descartada por falta de pruebas, o fue convenientemente ignorada? ¿La reciente detención fue un acto de justicia tardía o una maniobra política? La llamada anónima que originó la pista, el testigo cuya declaración no fue suficiente para un juez y la liberación abrupta tejen una narrativa de inconsistencia e impunidad.

La liberación de Segura Valladares no cierra el caso; por el contrario, abre una herida aún más profunda. Lejos de aclarar los hechos, añade una nueva capa de opacidad a una tragedia que ya cumple nueve años sin respuestas. La conclusión es ineludible: cada nuevo desarrollo en el caso Ayotzinapa no acerca a la verdad, sino que revela un sistema donde la justicia parece escurrirse entre los dedos, perpetuando el dolor de quienes exigen, simplemente, saber qué pasó con sus hijos.