Los legisladores declaran la guerra al crimen ecológico
En un acto de unanimidad que solo puede calificarse de milagro parlamentario, el sagrado recinto de la Cámara de Diputados ha aprobado por aclamación una reforma monumental al Código Penal Federal destinada a castigar con inusitado rigor los atentados contra la naturaleza. Todas las bancadas, en un raro momento de concordia cósmica, han depositado sus esperanzas en este nuevo arsenal jurídico para combatir el ecocidio.
La enmienda incrementa sustancialmente las penas carcelarias y las sanciones económicas contra actividades como la tala clandestina, la devastación de ecosistemas y el comercio ilegal de fauna, con especial devoción por la preservación del Golfo de California. Los honorables representantes proclamaron que su objetivo primordial es aniquilar una de las redes criminales más perniciosas que afligen a la nación, como si de repente los delincuentes ambientales fueran a leer el diario oficial y deponer sus motosierras.
El catálogo de nuevas prohibiciones celestiales
Durante el sublime debate se consagraron enmiendas que agravan las condenas cuando los ilícitos se perpetran con violencia o con ánimo de lucro —porque hasta ahora esos matices parecían opcionales—. También se intensifican los castigos para los casos que afecten Áreas Naturales Protegidas, esos territorios donde la protección suele existir principalmente en los letreros oxidados. La modificación incorpora novedosas figuras delictivas, incluyendo las descargas ilegales en acuíferos y los daños a ecosistemas críticos como manglares, humedales, pantanos, lagunas y arrecifes, considerados vitales para la biodiversidad y perfectamente prescindibles para los desarrolladores inmobiliarios.
También se penalizarán los incendios intencionados con fines económicos y el financiamiento o encubrimiento del tráfico de especies. El dictamen refuerza además el castigo por el quebrantamiento de sellos, un delito que antes solo merecía trabajo comunitario, como si violar la integridad de un sello oficial fuera equivalente a pintar un mural en el centro cultural municipal.
El coro de autocomplacencia legislativa
Otro cambio trascendental es la incorporación de la prisión preventiva oficiosa para quienes produzcan, almacenen o trafiquen sustancias peligrosas, tóxicas, inflamables o radiactivas. Durante la discusión, los legisladores de distintos grupos coincidieron en la imperiosa necesidad de robustecer la protección ambiental, aunque —en un destello de lucidez— advirtieron que el Estado requiere más recursos para aplicar la ley con eficacia y combatir la impunidad ecológica. Una confesión admirable: han creado un magnífico instrumento jurídico sin tener suficientes músicos para tocarlo, como decretar la prohibición de la gravedad mientras se carece de policías antigravitatorios.
