Madre vence la burocracia estatal para buscar a su hija desaparecida

En un giro cómico-trágico que Jonathan Swift hubiera firmado, el Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna descubrió lo imposible: que las instituciones mexicanas no estaban haciendo su trabajo. Tras cuatro años de simulacros, la Fiscalía de Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Coahuila recibieron una orden revolucionaria: “busquen, pero de verdad”.

María Guadalupe Pérez Ayala, una simple mortal que osó creer en el Estado de derecho, logró lo que ningún burócrata con sueldo de seis cifras pudo: que un juez dictaminara que “omisión inconstitucional” es un eufemismo para “nos valió madres”. El amparo 17/2025 exige ahora un plan detallado con estrategias, cronogramas y hasta (¡sorpresa!) responsables, algo que, al parecer, no estaba incluido en el Manual de Simulación Gubernamental 2021-2025.

La sentencia, digna de un episodio de El Ministerio del Tiempo Perdido, incluye perlas como informes semanales (¡qué radical!) y acceso a expedientes sin tramitología creativa. Todo esto, después de que la ONU emitiera una Acción Urgente en 2022 que las autoridades locales archivaron bajo “asuntos pendientes (jamás)”.

Lo más hilarante: el fallo “recuerda” a las autoridades que la Ley General de Víctimas existe. Sí, esa que suelen usar como pisapapeles. Ahora deberán activar medidas de reparación, incluyendo acompañamiento psicosocial para las familias, porque nada cura el trauma como saber que el Estado necesita un juez para cumplir lo que prometió en campaña.

Así, en medio de esta distopía institucional, una madre logró lo impensable: que un tribunal le diera la razón contra la máquina de la inercia gubernamental. ¿El próximo milagro? Que Jovanna Dibanhi aparezca antes de que el cronograma de actividades llegue a su fase de comités de evaluación en 2030.