Justicia electoral en la era de la transparencia: un fallo que sienta precedente
El panorama de la democracia digital exige contundencia frente a las asimetrías. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha presentado un proyecto disruptivo: anular los comicios del ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, celebrados el 1 de junio. La causa es clara: el rebase del tope de gastos de campaña por parte de la candidata triunfadora, Citlali Medellín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El proyecto será sometido a la deliberación en la próxima sesión pública de la Sala Superior del TEPJF.
La propuesta jurídica es radical: dejar sin efecto la declaración de validez, revocar las constancias de mayoría y revisar la asignación de regidurías. “Existe una presunta violación a principios constitucionales que no fue analizada”, sostiene Rodríguez Mondragón, subrayando una falla en el escrutinio inicial.
El argumento central es contundente y refleja una nueva ética en la rendición de cuentas. Los datos son elocuentes: el PVEM y su candidata excedieron en un 63.73% el límite de financiamiento autorizado. En la política actual, donde la visibilidad en redes sociales y la infraestructura operativa son decisivas, este desequilibrio económico distorsiona la competencia. “El dinero en los comicios se traduce en posibilidad de elaborar y difundir más propaganda, tener mayor presencia política y mejores condiciones para obtener el voto”, argumenta el magistrado, conectando el gasto excesivo con una potencial alteración del veredicto popular.
La resolución previa de la Sala Regional Xalapa, si bien reconoció el excedente, omitió evaluar si esta infracción fue dolosa y determinante para el resultado final, un vacío que este proyecto busca corregir.
Este caso no surge en el vacío. Morena y el Partido del Trabajo (PT), aliados federales del PVEM, fueron los impulsores de la impugnación. Paralelamente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que la campaña omitió reportar diversos desembolsos. A pesar de que el tribunal local confirmó la validez de la elección por no acreditarse el carácter determinante de la nulidad, los partidos recurrieron a la instancia superior.
Ante la Sala Superior del TEPJF, los impugnantes aseguran que los indicios de dolo son suficientes, destacando que el margen de gasto excedido superó ampliamente la diferencia de votos entre los primeros lugares, permitiendo un posicionamiento indebido. La próxima deliberación no solo decidirá el futuro político de Tamiahua, sino que podría establecer un nuevo estándar de vigilancia en el financiamiento político para la era digital.
