Matrimonio en el tribunal anula triunfo electoral por conflicto de intereses

En un giro digno de telenovela burocrática, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) decidió que el amor y la política son tan incompatibles como el aceite y el agua, y revocó la constancia de mayoría al abogado Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, quien cometió el imperdonable delito de estar casado con alguien importante. Su pecado: ser esposo de la consejera María Fernanda Sánchez Rubio, lo cual —según los sabios magistrados— contaminó la pureza virginal de las elecciones judiciales.

Así, en un acto de justicia poética (o de circo mediático), el triunfo fue entregado a Adriana Morales García, quien obtuvo 234 mil 891 votos, demostrando que en Veracruz, a veces, la segunda sí es la primera. La decisión, aprobada por dos votos contra uno, podría ser apelada, porque en este país nadie acepta perder sin pelear, menos cuando hay cargos públicos de por medio.

El tribunal, en su infinita sabiduría, descartó anular las elecciones pese a las irregularidades en el conteo, pero consideró que el verdadero escándalo era el conflicto de intereses conyugal. La consejera no se excusó de las sesiones electorales, violando así la sagrada regla de “no metas a tu pareja en tus chanchullos laborales”. Eso, según los jueces, manchó la legitimidad y la democracia, dos conceptos que en México suelen ser más decorativos que reales.

La magistrada Tania Celina Vásquez, disidente en la votación, argumentó con ironía involuntaria que cambiar las reglas después del juego era incongruente. “¿Acaso no aprendimos nada del ‘¡primero los pobres!’?”, parecía decir mientras el TEV demostraba una vez más que en la política, las reglas se improvisan sobre la marcha.