La noche del Grito de Independencia en el Zócalo capitalino, una celebración que congregó a miles de personas, escondía una realidad muy distinta a la aparente fiesta. Tras la petición de auxilio de una mujer de 29 años, quien afirmó que un joven le había sustraído su teléfono celular, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana iniciaron una persecución que culminaría con un hallazgo que invita a una investigación más profunda.
¿Se trataba de un hecho aislado o la punta de un iceberg de delincuencia organizada que opera con menores? Los oficiales lograron interceptar al sospechoso, un adolescente de apenas 16 años, a pocos metros del lugar de los hechos. Lo que descubrieron al proceder con su revisión fue alarmante: el joven portaba nada menos que 13 dispositivos móviles de distintas marcas y modelos.
La investigación in situ planteó más interrogantes que respuestas. El detenido fue incapaz de acreditar la propiedad legítima de ninguno de los aparatos. La denunciante, por su parte, identificó de inmediato su terminal, valorado en 24 mil pesos. Pero, ¿y los otros doce? ¿A quiénes pertenecían? ¿Cuántas víctimas más no habían reportado el hurto en medio del caos y la multitud?
Este incidente, presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, trasciende la simple anécdota delictiva. Revela un modus operandi que aprovecha la impunidad que brindan las aglomeraciones y plantea serias dudas sobre las redes que podrían estar utilizando a adolescentes para cometer estos ilícitos. La justicia tendrá ahora la última palabra, pero la verdadera historia detrás de esos trece teléfonos sigue esperando a ser contada.
