México analiza avances y desafíos en protección a periodistas y defensores

Tras una exhaustiva investigación, este medio accedió a documentos internos que revelan las inconsistencias en la aplicación de los protocolos diseñados para salvaguardar a quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos en México. ¿Realmente avanzan las instituciones o solo repiten discursos?

Durante el Encuentro Nacional de Autoridades –celebrado bajo estrictas medidas de confidencialidad–, fuentes cercanas al Mecanismo de Protección admitieron retrasos críticos en 18 entidades federativas para implementar el protocolo homologado de investigación de agresiones contra la prensa. “Los expedientes se pierden entre burocracia y falta de voluntad política”, confesó un fiscal estatal bajo condición de anonimato.

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, enfrentó preguntas incómodas sobre las 62 casos pendientes de resolución en 2024. Aunque reiteró el compromiso gubernamental, documentos obtenidos vía transparencia muestran que el 40% del presupuesto asignado para protección no se ejerció en el primer semestre.

“Cada persona defensora protegida es una voz que cuenta la historia de México”, declaró Medina Padilla, sin mencionar que, según datos de la ONU-DH, las amenazas contra comunicadores aumentaron un 27% respecto al año anterior.

La presencia de organismos internacionales en la reunión –incluyendo a la ONU-DH y la CNDH– contrasta con la ausencia de representantes clave de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, entidades que concentran el 53% de las agresiones documentadas. ¿Coincidencia o negligencia institucional?

Este reportaje revela que, tras el discurso oficial, persisten vacíos legales que permiten la impunidad: solo 2 de cada 10 casos llegan a sentencia, según cifras cruzadas de la FGR y organizaciones civiles. Mientras las autoridades celebran “avances”, las redacciones mexicanas siguen escribiendo con miedo.