¿Qué hay detrás del repentino acuerdo que coloca a la Marina mexicana como primera línea de interceptación de narcóticos? La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este jueves un entendimiento con las autoridades estadounidenses que concede a México la facultad de interceptar embarcaciones sospechosas cerca de sus costas, incluso en aguas internacionales. Pero, ¿a qué precio?
Este pacto emerge bajo la sombra de los ataques militares estadounidenses ejecutados durante los últimos meses en el Caribe y Pacífico, operaciones que han dejado un saldo de al menos 75 fallecidos. Documentos consultados y testimonios de alto nivel sugieren que la administración de Donald Trump ha estado acumulando una fuerza naval sin precedentes en aguas sudamericanas, justificando estas acciones bajo la polémica declaración de estar en “conflicto armado” con los cárteles de la droga.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana afirmó: “Ese es el primer acuerdo, es decir, que siga trabajando la Secretaría de Marina si hay información que viene de agencias de los Estados Unidos o del propio Comando Sur, para que sea la Marina mexicana quien intercepte estas embarcaciones”. Sin embargo, nuestra investigación revela que el Departamento de Defensa estadounidense se ha negado a confirmar oficialmente los términos de este entendimiento, generando más interrogantes que certezas.
¿Realmente existe un consenso bilateral o se trata de una concesión forzada ante la amenaza latente de intervención extranjera? Sheinbaum sostiene que este procedimiento se ajusta a los tratados de cooperación vigentes entre ambas naciones y que las autoridades estadounidenses aceptaron “en principio”. No obstante, la falta de transparencia sobre cuándo y cómo se desarrollaron estas conversaciones genera escepticismo entre analistas de seguridad.
La delgada línea entre cooperación y sometimiento
El verdadero punto de inflexión ocurrió a fines de octubre, cuando un ataque estadounidense en el Pacífico, aproximadamente a 830 kilómetros de Acapulco, provocó que la Marina mexicana acudiera al rescate de un superviviente. Este incidente despertó sospechas sobre una colaboración encubierta con Washington que el gobierno mexicano había negado reiteradamente.
Fuentes dentro de la Secretaría de Marina, que pidieron mantener su anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente, confirmaron que este episodio aceleró las negociaciones. La versión oficial argumenta que la intervención mexicana respondió exclusivamente a los protocolos de salvamento marítimo, pero documentos internos obtenidos por este medio indican presiones constantes del embajador estadounidense para modificar los procedimientos de interdicción.
La investigación conecta puntos aparentemente dispersos: mientras Venezuela es señalada como presunto aliado de los cárteles, México navega en aguas diplomáticas turbulentas. El envío de los secretarios de Marina y Relaciones Exteriores para establecer nuevos protocolos con la embajada estadounidense no fue casualidad, sino una jugada calculada para prevenir futuras incursiones unilaterales.
La conclusión que emerge de esta compleja red de eventos es alarmante: México ha ganado jurisdicción operativa, pero ¿ha perdido autonomía estratégica? El acuerdo representa un reequilibrio forzado en la geopolítica del narcotráfico, donde la interceptación prevalece sobre el ataque directo, pero la sombra de la intervención estadounidense permanece latente en cada operación conjunta.
