Un Compromiso Renovado desde la Experiencia
Tras años de observar cómo la violencia de género erosiona nuestro tejido social, hoy atestiguamos un punto de inflexión. El reciente acoso hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum no es un hecho aislado; es el reflejo de una problemática sistémica que miles de mujeres mexicanas enfrentan a diario. Desde mi trinchera, he visto cómo la falta de un marco jurídico unificado ha sido, históricamente, uno de los mayores obstáculos para la procuración de justicia.
La Secretaria Citlalli Hernández, al frente de la Secretaría de las Mujeres, ha anunciado una ruta crítica para tipificar el abuso sexual como delito grave en todo el territorio nacional. Esta no es una mera declaración de intenciones. He aprendido que las leyes, cuando están bien diseñadas y se aplican con convicción, pueden transformar realidades. La iniciativa busca homogeneizar los criterios penales en las 32 entidades federativas, una tarea titánica pero indispensable para que la sanción sea verdaderamente contundente.
Estrategias Prácticas más Allá del Discurso
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, se delinearon medidas concretas. Una lección que la práctica me ha dejado es que la legislación por sí sola es insuficiente. Por ello, este Plan Integral contra el Abuso Sexual se complementa con una campaña de concientización masiva. El objetivo es doble: empoderar a las mujeres para que identifiquen y denuncien la violencia, y fomentar un cambio cultural que promueva una nueva relación de igualdad entre hombres y mujeres.
“No están solas”, afirmó Hernández. Esas palabras resuenan con una verdad que he constatado en incontables casos: el apoyo institucional visible y accesible es fundamental para romper el ciclo del silencio.
Los Detalles del Plan y sus Desafíos Operativos
La presentación en el Salón Tesorera reveló el núcleo de esta estrategia: facilitar toda la respuesta institucional, con un énfasis en la atención y la procuración de justicia. Un mapeo realizado por la Secretaría identificó que en 19 estados existen criterios diversos y agravantes, pero su aplicación es inconsistente. La experiencia me dicta que la disparidad legislativa es el caldo de cultivo para la impunidad.
El desafío más complejo, y lo digo por haberlo visto de cerca, recae en la primera línea de batalla: ministerios públicos, fiscalías, jueces y juezas. De nada sirve una ley perfecta si quienes la aplican carecen de una perspectiva de género genuina y la sensibilidad necesaria para atender a una víctima en su momento de mayor vulnerabilidad. Es un cambio de paradigma que requiere una capacitación constante y una evaluación rigurosa.
Para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se esperan avances tangibles. Este no es el final del camino, sino el comienzo de una implementación que debe ser vigilada y sostenida. La credibilidad de cualquier política pública se gana con resultados, no solo con anuncios.
