El gobierno de México avanza en la creación de un padrón nacional de niñas, niños y adolescentes que han quedado en situación de orfandad como consecuencia de un feminicidio. Esta iniciativa, enmarcada dentro del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna), busca dotar de un instrumento concreto para la identificación, protección integral y restitución de derechos de este sector de la población, considerado víctima indirecta de uno de los delitos más graves.
El proyecto, según el documento programático, tiene como objetivo central facilitar la identificación de estos menores para impulsar medidas específicas de protección. La creación de este registro responde a una laguna crítica: actualmente no existe un conteo oficial ni un diagnóstico detallado a nivel nacional que precise cuántos niños y adolescentes viven esta realidad. Esta falta de información sistematizada ha dificultado históricamente el diseño y la focalización de políticas públicas adecuadas para atender sus necesidades específicas.
El padrón se concibe como una herramienta fundamental dentro del eje de trabajo del Pronapinna dedicado a fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia. Su implementación persigue garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la infancia y adolescencia desde una perspectiva de género, interculturalidad e inclusión. La meta última es construir una bolsa de recursos y un plan de apoyo psicológico personalizado que ofrezca a estos menores oportunidades para su futuro, mejore su condición emocional y les brinde un camino hacia la reparación del daño.
Expertos involucrados en el diseño del programa subrayan la necesidad de ampliar el alcance de las acciones del Estado. Señalan que, si bien el foco inicial está en la orfandad por feminicidio, en una etapa posterior podría considerarse la inclusión en registros similares de otros menores huérfanos, como aquellos que perdieron a sus padres en contextos de violencia criminal o enfrentamientos con el crimen organizado. El Pronapinna, que integra por primera vez en su estructura a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y a la Agencia de Transformación Digital, se articula en cuatro objetivos, 23 estrategias y 169 líneas de acción, con la participación de 72 dependencias.
La urgencia de esta medida se hace palpable al analizar casos concretos. Las estadísticas oficiales, que muestran una tendencia a la baja en el número de feminicidios, no logran ocultar la profundidad de cada tragedia. Hasta octubre, se habían registrado 597 feminicidios a nivel nacional, concentrados en entidades como el Estado de México, Sinaloa, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Jalisco y Morelos. Detrás de cada cifra hay historias devastadoras. Como la de Paola, una mujer de 30 años asesinada con 18 puñaladas por su pareja en Pachuca, Hidalgo, frente a sus tres hijos pequeños, uno de apenas dos años. La abuela de los menores describe las secuelas: el niño más pequeño se despierta por las noches gritando, reviviendo el momento en que vio a su madre en el suelo.
Otro caso emblemático, el de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años víctima de feminicidio en Ciudad Juárez en 2001, acaba de obtener un fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal declaró al Estado mexicano responsable y le ordenó, entre otras medidas, garantizar atención psicológica o psiquiátrica gratuita e inmediata para los hijos de la víctima. Esta resolución judicial refuerza la dirección que pretende tomar el padrón nacional: el reconocimiento de la deuda del Estado con las víctimas indirectas y la obligación de proporcionarles apoyo especializado y continuo.
La creación de este padrón representa, por tanto, un paso técnico y administrativo con profundas implicaciones humanas y sociales. No se limita a la mera recopilación de datos, sino que pretende ser el primer eslabón de una cadena de intervenciones estatales diseñadas para romper el ciclo del daño. Al identificar a cada niño o adolescente, el Estado se obliga a sí mismo a verlos, a reconocer su condición de víctimas y a trazar para ellos una ruta de protección, salud mental y acceso a la justicia que mitigue, en la medida de lo posible, las consecuencias de una pérdida traumática e injusta. Su éxito dependerá de la rigurosidad en su implementación, de la asignación de recursos suficientes y de la coordinación efectiva entre todas las instituciones responsables.
