Un colectivo de activistas y organizaciones civiles presentó formalmente este martes una propuesta de ley ante el Senado de la República que busca legalizar la eutanasia en México, estableciendo el derecho a una muerte digna como un derecho constitucional. La iniciativa, denominada ‘Ley Trasciende’, es impulsada por la activista Samara Martínez, quien vive con una enfermedad renal terminal, y la Coalición Muerte Digna Ya.
El objetivo central de la propuesta es modificar la Ley General de Salud para permitir la eutanasia o la ayuda médica para morir, y reformar el Código Penal Federal para despenalizar la decisión autónoma y libre de los pacientes que se encuentren en una condición terminal. Durante la presentación en el Senado, Martínez enfatizó que esta ley no promueve la muerte, sino que busca humanizarla, asegurando que ningún mexicano tenga que fallecer sufriendo dolor, miedo o agonía innecesarios. “Morir con paz también es un derecho”, declaró, haciendo un llamado a superar los tabúes y dogmas que rodean el tema.
La activista compartió su testimonio personal, describiendo el miedo, la incertidumbre y el cansancio extremo que conlleva vivir con una enfermedad terminal. Relató haber presenciado cómo otros pacientes mueren en condiciones que calificó de insoportables, conectados a máquinas y sin posibilidad de alivio. “He visto morir a compañeros en condiciones que ningún ser humano debería soportar”, expuso, argumentando desde la experiencia directa en hospitales y la convivencia diaria con el sufrimiento. A pesar de su estado de salud y de haber estado conectada a una máquina médica durante diez horas ese mismo día, Martínez se presentó firme ante los legisladores para defender la viabilidad de la iniciativa.
La propuesta será presentada también ante la Cámara de Diputados, con la expectativa de que sea discutida en el corto plazo. Actualmente, el marco legal mexicano es restrictivo; el Artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud prohíbe explícitamente “la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido”. Sin embargo, existe un avance parcial en la materia: veinte de los treinta y dos estados del país cuentan con leyes de voluntad anticipada, también conocida como eutanasia pasiva, que permiten a los pacientes rechazar tratamientos médicos en fases críticas de su enfermedad.
Este contexto legal contrasta con la opinión pública. Una encuesta realizada en 2022 por la organización civil Por el Derecho a Morir con Dignidad reveló que siete de cada diez mexicanos están a favor de la eutanasia o de la muerte médicamente asistida. Este dato refleja un apoyo social significativo hacia la regulación de un proceso de muerte que respete la autonomía y alivie el sufrimiento en los casos más complejos. El debate que se avecina en el Congreso mexicano no solo abordará un cambio normativo, sino que confrontará valores éticos, médicos y sociales profundos, poniendo sobre la mesa la necesidad de modernizar la legislación para reconocer la voluntad individual en el momento más vulnerable de la vida.
