La batalla contra la pesca furtiva y el tráfico de especies marinas marcó un hito en 2025. Entre enero y noviembre, las autoridades mexicanas interceptaron y confiscaron más de 5,000 toneladas de recursos pesqueros ilegales. Este operativo de gran envergadura fue ejecutado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en alianza estratégica con la Secretaría de Marina (Semar), utilizando tecnología de vigilancia y patrullaje inteligente.
Estrategia federal contra la depredación de los océanos
Según el reporte de Conapesca, adscrita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el aseguramiento precautorio de 5,341 toneladas representa un incremento exponencial de aproximadamente 4,000 toneladas frente al mismo periodo de 2024. Este salto cuantitativo no es casual: responde a un despliegue táctico sin precedentes en puntos críticos de la costa nacional.
La ofensiva se materializó en 2,439 recorridos de vigilancia marítima y 13,804 operativos terrestres de inspección, desplegados en 20 estados. El esfuerzo conjunto entre inspectores federales y fuerzas navales resultó también en la incautación de 11,866 artes de pesca no reglamentarias, equipos prohibidos por su alto impacto en la biodiversidad.
Desmantelamiento de redes de pesca irregular
La estrategia integral desarticuló infraestructura clave del comercio ilícito: se aseguraron 390 unidades de transporte, 165 motores, 212 embarcaciones menores y 7 embarcaciones mayores de mayor capacidad. La justicia también avanzó, con 31 personas puestas a disposición del Ministerio Público Federal por presuntos delitos ambientales y contra la sostenibilidad. En los filtros de control, se levantaron 2,300 actas administrativas y se superaron las 14,000 verificaciones documentales y físicas.
Hacia un nuevo paradigma de ordenamiento y trazabilidad
Conapesca atribuye estos resultados a una presencia operativa intensiva en zonas de alta incidencia delictiva y a una coordinación reforzada entre los tres niveles de gobierno. Estas acciones son el núcleo de la política de ordenamiento pesquero y acuícola de 2025, que prioriza la transparencia, la trazabilidad digital de las capturas y la protección de los ecosistemas como pilares de la seguridad alimentaria del futuro. No se trata solo de confiscar, sino de redefinir la relación con el capital natural marino.
