La propuesta para establecer la jornada laboral máxima en 40 horas semanales en México ha avanzado hacia una iniciativa concreta que requiere modificaciones constitucionales y legales. El núcleo del proyecto es la reforma al Artículo 123 de la Constitución Política y a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de fijar este nuevo límite como un derecho fundamental para los trabajadores. La iniciativa, ya preparada para su envío al Congreso de la Unión, forma parte del compromiso 60 de la agenda presidencial, según ha explicado el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López.
Un principio rector de la reforma es la protección integral del salario. El texto es explícito al establecer que la reducción de la jornada no podrá traducirse en una disminución del sueldo percibido por el empleado. Esta salvaguarda se alinea con los estándares internacionales, específicamente con la Recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo, y busca garantizar que el beneficio en tiempo libre no tenga un costo económico para la fuerza laboral. Para facilitar la adaptación del aparato productivo, la implementación no será inmediata, sino que seguirá un calendario de transición gradual.
El plan establece una reducción progresiva de dos horas por año, comenzando en 2026. La reforma entraría en vigor el 1 de mayo de ese año, manteniéndose inicialmente la jornada máxima de 48 horas. A partir del 1 de enero de 2027, el límite descendería a 46 horas semanales. La reducción continuaría en 2028 (44 horas), en 2029 (42 horas) hasta alcanzar el objetivo final de 40 horas semanales en el año 2030. Este esquema escalonado pretende dar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, el margen necesario para reorganizar sus procesos sin afectar su viabilidad operativa.
Paralelamente, la iniciativa introduce ajustes en la regulación de las horas extraordinarias. La propuesta plantea ampliar el límite máximo de horas extras que un trabajador puede laborar, pasando de las 9 actuales a 12 horas por semana. No obstante, las autoridades han subrayado que la realización de horas extras mantendrá su carácter estrictamente voluntario. El secretario Bolaños ha enfatizado que “el trabajar horas extras siempre será una decisión de las y los trabajadores”, recalcando que cualquier prolongación de la jornada dependerá del consentimiento expreso del empleado.
Para asegurar el cumplimiento efectivo de la nueva normativa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitirá reglas que establecerán el uso obligatorio de registros electrónicos de asistencia y horarios. Este sistema de control digital tendrá la función de verificar que las empresas respeten tanto la jornada ordinaria como las horas extraordinarias autorizadas, proporcionando una herramienta de transparencia y facilitando la labor de inspección. La medida busca cerrar posibles espacios de incumplimiento y garantizar que los derechos consagrados en la ley se materialicen en la práctica. El impacto esperado de esta reforma va más allá de la simple reducción numérica. La visión oficial proyecta que los trabajadores dispondrán de más tiempo para el descanso, la convivencia familiar, la formación personal y el esparcimiento, logrando un reparto más equilibrado de sus actividades vitales.
Se argumenta que esto puede derivar en una mayor productividad, una mejora en la salud y el bienestar general de la población económicamente activa. La discusión legislativa que se avecina pondrá sobre la mesa el análisis de los costos de implementación para los empleadores, los mecanismos de fiscalización y el balance final entre flexibilidad operativa y derechos laborales consolidados.
