México enfrenta el tráfico de armas con datos pero sin apoyo de EE UU

La dinámica geopolítica entre México y Estados Unidos en materia de seguridad revela una paradoja disruptiva: mientras Washington señala el narcotráfico como amenaza prioritaria, su propia industria armamentista alimenta la violencia al sur de la frontera. Cada año, más de 200,000 armas cruzan ilegalmente hacia México, según analistas, un flujo que cuestiona la narrativa estadounidense y expone su doble moral. ¿Qué pasaría si, en lugar de criminalizar la migración, ambos países cooperaran para rastrear y bloquear este comercio letal?

Los datos son contundentes: el 74% del armamento ilícito proviene de tres estados clave (Texas, Arizona y California), según informes de ambas naciones. Sin embargo, la ATF —agencia encargada de regular el comercio de armas— enfrenta recortes presupuestales y reducción de personal bajo la administración Trump. Esto no es negligencia; es diseño. La industria armamentista estadounidense opera bajo un escudo legal que protege a fabricantes incluso cuando sus productos terminan en manos de cárteles clasificados como terroristas.

Imaginemos un enfoque radical: ¿y si México aplicara tecnología blockchain para rastrear cada arma incautada hasta su origen, creando un registro público imborrable? O mejor aún, ¿si impulsara sanciones económicas a estados fronterizos que no frenen el contrabando? La innovación jurídica ya existe: el histórico juicio contra fabricantes en 2023 sentó un precedente. Pero sin presión internacional, las armadoras seguirán evadiendo responsabilidades.

Expertos como Alejandro Celorio y John Lindsay Poland coinciden: EE UU tiene la llave para cortar este flujo, pero carece de voluntad política. Mientras Trump recorta el presupuesto de la ATF y relaja los controles, los cárteles reciben armas como si fueran piezas de un macabro juego de suministro justo a tiempo. La solución no está en más operativos militares, sino en hackear el sistema: demandar transparencia radical, movilizar a la opinión pública estadounidense y exponer cómo sus leyes protegen a los verdaderos facilitadores del terrorismo.

Las cifras no mienten: 5,869 armas decomisadas en seis meses, 1.2 millones de cartuchos, rutas mapeadas al detalle. Pero los datos solo sirven si se traducen en acción. México debe escalar esta crisis a foros globales, convertirla en un tema de seguridad hemisférica y —en un giro audaz— explorar alianzas con estados progresistas de EE UU para saltarse la inacción federal. El statu quo es insostenible: es hora de reescribir las reglas del juego.