México enfrenta una crisis humanitaria por desapariciones forzadas

La búsqueda de verdad y justicia en México tiene un costo mortal. Desde 2016, al menos 25 personas buscadoras han sido asesinadas y 7 más desaparecidas, según documenta el Espacio OSC, una coalición de organizaciones de la sociedad civil. Esta cifra sombría subraya los riesgos extremos que enfrentan quienes desafían la impunidad.

El panorama se agrava para defensores de derechos humanos y periodistas: 63 han sido víctimas de desaparición en posible relación con su labor, con 23 aún sin localizar. Esta no es una crisis aislada, sino un patrón sistemático de violencia diseñado para silenciar voces críticas.

La arquitectura de la impunidad se sostiene en una doble crisis: forense e investigativa. Con más de 133,000 personas reportadas como desaparecidas, el colapso de los sistemas de identificación y justicia representa una falla estatal de proporciones catastróficas.

La geografía del terror se concentra en entidades como Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Michoacán y el Estado de México, donde la connivencia entre el crimen organizado y la inacción institucional crea un ecosistema de violencia perfecta.

Casos emblemáticos como el de Sandra Domínguez, defensora encontrada sin vida; Irma Galindo, activista mixteca desaparecida en 2021; y Roberto Hernández, padre buscador asesinado en agosto pasado, ejemplifican la brutalidad del contexto.

Las agresiones forman un repertorio de terror: hostigamiento digital, campañas de desprestigio, acoso judicial, espionaje gubernamental y desplazamiento forzado. Para las mujeres defensoras, se añaden capas adicionales de violencia basada en género, exigiendo protocolos especializados con perspectiva interseccional.

Frente a esta emergencia humanitaria, las exigencias son claras: aparición con vida inmediata, diálogo genuino con las familias, fortalecimiento radical del Mecanismo de Protección y la implementación urgente del Protocolo Homologado de investigación.

La ONU-DH ha llamado a México a consolidar una política judicial centrada en las víctimas, eliminando obstáculos procesales y ampliando el alcance del “amparo buscador”. La capacitación del personal judicial debe incorporar enfoques de género, interculturalidad e interseccionalidad.

Avances como la “declaración especial de ausencia” y el acompañamiento gratuito por defensorías públicas son pasos necesarios pero insuficientes. El verdadero cambio requiere situar a las víctimas en el centro del sistema de justicia, desde la investigación hasta la reparación integral.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la consigna es clara: sin verdad no hay justicia, sin justicia no hay paz. La sociedad digital exige transparencia, accountability y el uso de tecnología forense de vanguardia para resolver esta crisis humanitaria.