México escala en el podio macabro de homicidios LGBT+
En un espectacular alarde de eficiencia homicida, la nación se ha consolidado como subcampeón continental en el exterminio de la diversidad sexual, según el último catálogo de mortandad presentado por Sin Violencia LGBTIQ+. El documento, una verdadera guía turística por los infiernos terrestres, revela que de los 361 cadáveres contabilizados en la región, ochenta llevan sello hecho en México.
Los números de la carnicería establecen que cada veinticuatro horas, algún ciudadano ejemplar decide contribuir a esta estadística eliminando a un miembro de la colectividad. Colombia lidera este ranking de la muerte con 175 ejecuciones, demostrando que en materia de intolerancia letal nuestros hermanos sudamericanos nos superan, por ahora.
La organización describió este fenómeno con una precisión burocrática admirable: El patrón es claro: la violencia es regional, no conoce fronteras y la impunidad sigue siendo la norma
. Vaya consuelo saber que al menos en el fracaso institucional mostramos una maravillosa integración continental.
En medio de lo que los expertos llaman “un resurgimiento de discursos autoritarios“, las personas LGBTIQ+ descubren que sus derechos humanos tienen la consistencia de un azucarillo en el café. Los blancos predilectos de esta cacería moderna son hombres gay (36%) y mujeres trans (31%), quienes concentran el honor de representar dos tercios de este holocausto silencioso.
La justicia, esa entelequia en la que todavía creen algunos ingenuos, ha producido exactamente nueve sentencias condenatorias. Una eficiencia del 2.5% que haría llorar de envidia a cualquier empresa en quiebra.
El caso mexicano es particularmente educativo: aquí la protección social tiene la solidez de un castillo de naipes en huracán. Entre las víctimas destacan cincuenta y cinco mujeres trans, diecinueve hombres cis gay, dos personas muxes y varios ciudadanos cuya terrible falta fue relacionarse con quienes no debían. Siete de los fallecidos eran defensores de derechos humanos, demostrando que en este país el activismo es una profesión de alto riesgo, con mejoras salariales nulas y un plan de pensiones inexistente.
Doce mujeres trans ejercían el trabajo sexual, oficio que al parecer incluye en sus prestaciones laborales la posibilidad de morir por arma de fuego. Entre los datos más curiosos, encontramos que el 41% de estos ajusticiamientos extrajudiciales se cometieron con disparos, mientras que otros métodos creativos incluyen objetos punzocortantes y la buena y antigua fuerza bruta.
En nueve casos hubo indicios de tortura, porque al parecer matar no basta: hay que enviar un mensaje. De los ochenta crímenes, setenta y nueve duermen el sueño de los justos en las gavetas del olvido institucional. Solo un caso —el de la activista Miriam Ríos Ríos— ha sido atribuido directamente al crimen organizado, como si los otros setenta y nueve hubieran sido obra de duendecillos traviesos.
El sistema judicial muestra su eficiencia característica: veintiún casos en etapa de juicio y cincuenta y nueve en investigación perpetua. Más del 70% de estos crímenes de odio carecen de responsables judicializados, confirmando que en México matar a alguien por su orientación sexual o identidad de género es, estadísticamente hablando, un delito de bajo riesgo y altas probabilidades de éxito.
Mientras tanto, la maquinaria del Estado sigue girando, produciendo discursos, comisiones, informes y toda clase de placebos burocráticos para una herida que no deja de sangrar. Bienvenidos al México bronco, donde la diversidad se tolera siempre y cuando no sobreviva para contarlo.
