Este 1 de enero de 2026 ha entrado en vigor en México el segundo incremento al salario mínimo de la actual administración federal, presidida por Claudia Sheinbaum Pardo. La medida, anunciada el mes pasado, establece un aumento del 13% para el salario mínimo general a nivel nacional y del 5% para el aplicable en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN). Este movimiento continúa una línea de política económica que busca recuperar el poder adquisitivo del trabajador, un objetivo declarado del gobierno desde 2018.
Con este ajuste, la remuneración diaria para la mayoría del territorio nacional se eleva de 278.80 a 315.04 pesos. En términos mensuales, considerando un cálculo base de 30 días, esto representa un ingreso de 9,451 pesos. Para los 45 municipios fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que conforman la ZLFN, el salario mínimo diario pasa de 419.88 a 440.87 pesos, lo que se traduce en una base mensual de 13,226 pesos. La diferencia entre ambas zonas busca compensar el costo de vida y mantener la competitividad en una región económicamente dinámica y estrechamente vinculada con Estados Unidos.
La presidenta Sheinbaum ha defendido esta política contra argumentos económicos tradicionales que vinculan los aumentos salariales obligatorios con presiones inflacionarias y desincentivos a la inversión. Durante su anuncio, destacó que, durante los años previos de incrementos sostenidos, el país no ha experimentado los efectos negativos pronosticados, sino que, por el contrario, ha registrado niveles récord de inversión extranjera. Este planteamiento sugiere un cambio de paradigma en la gestión macroeconómica mexicana, donde la recuperación del salario se considera un motor de demanda interna y no necesariamente un factor de desequilibrio.
No obstante, la propia mandataria reconoció que, a pesar de los avances acumulados, el poder de compra del salario mínimo aún no recupera su nivel histórico más alto, alcanzado en 1976 en términos reales. Esta admisión contextualiza la medida no como un punto final, sino como un paso más dentro de una estrategia de largo plazo. El objetivo declarado es continuar con la elevación gradual del mínimo, cerrando la brecha que se abrió durante décadas de erosión salarial y buscando mejorar las condiciones de vida de la base de la pirámide laboral.
La implementación de este aumento tiene implicaciones prácticas inmediatas para millones de trabajadores formales, cuyos contratos están indexados al salario mínimo, así como para el cálculo de multas, fianzas, indemnizaciones y otras obligaciones legales que toman esta cifra como referencia. Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, representa un incremento directo en uno de sus costos operativos fundamentales, lo que puede impulsar reestructuraciones o búsqueda de eficiencias. El impacto macroeconómico real, su efecto sobre la inflación y el empleo, será objeto de seguimiento y análisis en los trimestres venideros, ofreciendo datos concretos sobre la sostenibilidad de esta política de recuperación salarial acelerada.
