México despliega una barrera arancelaria disruptiva para blindar su agroindustria azucarera
Ante una saturación del mercado interno, la administración federal ha ejecutado un cambio de paradigma en la política fiscal para las importaciones del endulzante. A partir de este martes, se aplicará un impuesto del 156% al azúcar en grano, de remolacha y a los jarabes. Para las importaciones de azúcar líquida, refinada e invertida, la tasa se dispara hasta un 210.44%, según se detalla en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.
El ejecutivo justificó la medida argumentando que el arancel histórico de 360 dólares por tonelada, vigente desde 1994, “ya no brinda la protección necesaria al sector nacional debido al colapso de los precios globales del commodity, haciendo imperativa una actualización de los gravámenes específicos”.
Estrategia contra la distorsión del mercado
Analistas del sector confirmaron que este nuevo arancel, calculado sobre el valor del producto, está diseñado para desincentivar de manera contundente las importaciones. Señalaron un incremento alarmante en la entrada del edulcorante mediante esquemas irregulares y evasión fiscal, con origen principal en Brasil, Guatemala e India.
Las autoridades han detectado tácticas de ingeniería legal, como la declaración de azúcar guatemalteca como “mezclas alimenticias” para eludir impuestos. Asimismo, se ha identificado contrabando técnico en las importaciones provenientes de India, un gigante productor a escala global.
Análisis especializado y perspectivas futuras
El Grupo Consultor en Mercados Agrícolas (GCMA) calificó el incremento arancelario como “una acción acertada, aunque insuficiente para estabilizar el ecosistema del mercado”. Subrayó la urgencia de blindar a los productores locales con medidas complementarias, como la ampliación por parte de Estados Unidos de su cuota de importación para el dulce mexicano, y que la Secretaría de Economía negocie un acuerdo recíproco para el volumen de jarabe de alta fructosa.
Es crucial una ofensiva integral contra el contrabando y la subvaluación, incluyendo la vigilancia de fracciones arancelarias alternas, asegurando que este ajuste no se traslade al consumidor final y se mantenga la estabilidad de precios en el mercado doméstico. El GCMA concluyó: “El reajuste arancelario es un avance en la dirección correcta, pero sin un control efectivo del contrabando, equidad en el intercambio comercial con Estados Unidos y disciplina en los precios internos, el impacto seguirá siendo limitado”.
