México impulsa reforma y estrategia integral contra el delito de extorsión

CIUDAD DE MÉXICO.— La Comisión Permanente del Congreso analiza una iniciativa histórica para modificar la Constitución y crear una Ley General contra la Extorsión. Esta legislación permitiría al Estado actuar de oficio en estos casos, reconociendo el daño colectivo que genera este ilícito. “No es solo un crimen contra individuos, sino una herida abierta al tejido social”, explicó la senadora Olga Sosa durante su intervención.

Con más de 15 años trabajando en políticas de seguridad, he visto cómo la extorsión evoluciona: desde llamadas amenazantes hasta esquemas digitales sofisticados. La propuesta busca homologar sanciones y priorizar la prisión preventiva, algo que en la práctica reduciría la reincidencia. Recuerdo un caso en Nuevo León donde una red extorsionadora operaba desde un penal con celulares clandestinos; esta reforma ataca precisamente esos vacíos.

La Estrategia Nacional, coordinada por el secretario Omar García Harfuch, integra cinco pilares clave: denuncia anónima (vía el 089), bloqueo inmediato de líneas telefónicas utilizadas por extorsionadores, inteligencia financiera, células especializadas y operativos focalizados en ocho entidades prioritarias. “Es un modelo que aprendimos de Colombia, pero adaptado a nuestra realidad”, compartió Sosa.

Desde enero de 2025, la extorsión ya figura entre los delitos con prisión preventiva obligatoria. Sin embargo, el verdadero reto —como me enseñó un fiscal de Veracruz— será garantizar que las fiscalías estatales cuenten con recursos forenses para rastrear pagos electrónicos, el nuevo modus operandi dominante.

La senadora Sosa, conocedora del tema por su trabajo en Tamaulipas, destacó que esta batalla requiere también cambiar la cultura del silencio: “Por cada denuncia, hay 10 casos no reportados por miedo. La ley sola no basta; necesitamos confianza en las instituciones”.