En mis años analizando la política económica, pocas noticias son tan significativas como un incremento sostenido en la recaudación. Hoy, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un hito histórico: la recaudación de enero a septiembre de 2025 ascendió a 4.6 billones de pesos. Esto representa 542 mil millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024. He visto ciclos económicos donde la desconfianza erosiona las finanzas públicas, pero esta cifra es un potente indicador de que la ciudadanía y las empresas confían en que los recursos se manejan con transparencia.
Para ponerlo en perspectiva, recuerdo que en el mismo lapso de 2019, la recaudación era de aproximadamente 3 billones. El salto no es solo nominal; incluso descontando la inflación, el crecimiento real es del 9.1%. Esto no ocurre por arte de magia. Es el resultado de una administración fiscal más eficiente y, sobre todo, del compromiso de la base de contribuyentes. Un aplauso, sin duda, para el equipo de Hacienda, pero un reconocimiento mayor para los mexicanos que cumplen.
Un detalle crucial que he aprendido es que aumentar los impuestos suele ser la salida fácil, pero rara vez la más inteligente a largo plazo. Sheinbaum puntualizó que este logro se consiguió sin incrementar las tasas impositivas. En la práctica, esto significa que la economía tiene un dinamismo que permite una mayor captación sin asfixiar a los actores económicos. Es un reflejo de que la mayoría de los empresarios están al corriente con sus obligaciones.
La parte más reveladora, desde mi experiencia, son los ingresos adicionales por concepto de aduanas. Se habla de más de 500 mil millones de pesos extras este año, con cerca de 200 mil millones provenientes de esta fuente. Esto no es solo “actualización”; es el fruto de una lucha frontal contra el contrabando y la evasión, un cáncer que por décadas ha mermado nuestro potencial. El principio rector, como bien señaló el secretario Edgar Amador Zamora, es el combate a la corrupción y los privilegios.
Mirando hacia adelante, las proyecciones son ambiciosas pero alcanzables. Para 2026, se estiman ingresos de 6.4 billones de pesos. Esta previsión financiera permitirá destinar casi 500 mil millones de pesos adicionales a programas de bienestar, infraestructura, educación y salud. He sido testigo de cómo una recaudación sana es el cimiento para la inversión social que realmente transforma vidas.
Sin embargo, la teoría se queda corta sin una aplicación contundente. Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, detalló la ofensiva contra las empresas factureras (las famosas “factureras”). La experiencia me ha enseñado que la impunidad alimenta estos esquemas. Las nuevas medidas son un golpe directo: se prohíbe la inscripción de nuevas empresas ligadas a estos delincuentes, se les niega el RFC y la Firma Electrónica, y se acortan los procedimientos a un máximo de 24 días. Lo más contundente, y una lección aprendida de batallas pasadas, es la propuesta de prisión preventiva oficiosa para quienes afecten gravemente al fisco. Quien compre facturas falsas también enfrentará consecuencias severas, como la baja inmediata del sello de facturación. Esto ya no es un juego; es una declaración de guerra contra la ilegalidad que nos cuesta a todos.
