La tensión en la frontera norte se mide ahora en metros cúbicos. Mientras el gobierno mexicano reconoce un adeudo de más de mil millones de ellos ante Estados Unidos, la sombra de una represalia comercial planea sobre la mesa de negociación. ¿Está el líquido vital a punto de convertirse en moneda de cambio en una disputa geopolítica?
Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, fungiendo como encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó en la conferencia matutina la cruda realidad: existe un volumen pendiente de entrega estipulado en el Tratado de Aguas de 1944. Sin embargo, su declaración no se limitó a la fría cifra. Velasco planteó el dilema central: la instrucción es alcanzar un convenio, pero sin vulnerar un principio constitucional incuestionable: el derecho humano al agua para consumo de la población. “Es lo que no podemos tocar”, afirmó, marcando una línea roja para la diplomacia.
Una reunión virtual con alto voltaje
Este martes por la tarde, a las 14:00 horas desde Palacio Nacional, funcionarios de ambos países sostendrán un encuentro virtual. Según Velasco, en esta cita se expondrán las limitaciones de la infraestructura hidráulica mexicana y los volúmenes reales disponibles. Pero, ¿serán estos argumentos técnicos suficientes para contrarrestar una presión política en ascenso?
La urgencia de la reunión no es casual. Un día antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una advertencia directa: impondría un arancel del 5% a las importaciones mexicanas si el país no cumple con la entrega del recurso hídrico pactado. La amenaza transforma instantáneamente un complejo asunto de gestión hidrológica y derecho internacional en un potencial conflicto comercial.
Entre la coerción y la Constitución
La narrativa oficial mexicana busca anclar la discusión en dos pilares: la ley suprema y la capacidad material. Velasco insistió en la búsqueda de una “distribución justa” del agua disponible. Sin embargo, persisten preguntas incómodas que una conferencia de prensa no resuelve: ¿Cómo se acumuló este déficit? ¿Qué evaluaciones técnicas sustentan la postura sobre la infraestructura? ¿Existen documentos internos que proyecten escenarios bajo la amenaza arancelaria?
La investigación revela un choque entre dos lógicas. Por un lado, la estadounidense, que apela al cumplimiento estricto de un tratado y no duda en usar herramientas económicas como palanca. Por el otro, la mexicana, que se escuda en un marco legal humanista y en limitaciones operativas. El verdadero acuerdo, si llega, no se firmará solo sobre volúmenes de agua, sino sobre la interpretación de la soberanía, la necesidad y el poder de coerción en la relación bilateral.
La conclusión que emerge es clara: esta crisis hídrica es la primera prueba de fuego en la nueva etapa de la relación México-Estados Unidos. El resultado sentará un precedente crucial. No solo definirá el flujo de agua entre las naciones, sino también los límites de la presión comercial y la capacidad de México para defender sus recursos esenciales frente a demandas externas. El grifo de la diplomacia está abierto, pero lo que salga de él podría definir mucho más que el nivel de una presa.
