Un Panorama Crítico en Cifras
La organización Sin Violencia LGBTIQ+ ha publicado su informe más reciente sobre homicidios de personas de la diversidad sexual en América Latina y el Caribe. Los datos son contundentes: México se posiciona como el segundo país con más casos, registrando 80 de un total de 361 asesinatos en 2024.
Esta radiografía de la violencia sistémica revela que, en promedio, cada 24 horas es ultimada al menos una persona LGBTIQ+ en la región. La estadística evidencia una crisis de derechos humanos que trasciende fronteras nacionales.
Clasificación Regional de la Violencia
Colombia encabeza este lúgubre ranking con 175 homicidios, representando el 48% del total. Le siguen México con 80 casos, Guatemala con 36 y Honduras con 28. La organización enfatiza: “El patrón es claro: la violencia es regional, no conoce fronteras y la impunidad sigue siendo la norma”.
El contexto actual se caracteriza por el resurgimiento de discursos autoritarios, políticas regresivas y ataques directos a los principios de igualdad y justicia social. América Latina y el Caribe enfrentan un grave retroceso en los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.
Perfil de las Víctimas: Una Interseccionalidad de la Violencia
El análisis demográfico identifica que hombres cis gay (36%) y mujeres trans (31%) concentran el 67% de los casos. También se documentaron homicidios de hombres cis bisexuales (10%) y mujeres cis lesbianas (7%). Más de la mitad de las víctimas se encontraba en el rango etario de 21 a 35 años.
La impunidad estructural se manifiesta en las escasas 9 sentencias condenatorias entre los 361 homicidios registrados, evidenciando un sistema de justicia colapsado ante estos crímenes de odio.
El Caso Mexicano: Interseccionalidad y Vulnerabilidades Acumuladas
En México, el escenario de impunidad, corrupción, desigualdad económica y discriminación sistémica crea un caldo de cultivo para la violencia. Del total de víctimas registradas, 55 corresponden a mujeres trans, 19 a hombres cis gay, dos personas muxes, y casos adicionales que reflejan la complejidad de las dinámicas violentas.
Resulta particularmente alarmante que al menos 7 víctimas eran defensoras de derechos humanos, incluyendo 5 mujeres trans, una persona muxe y un hombre cis gay. Este dato revela una estrategia de silenciamiento dirigida específicamente contra liderazgos visibles dentro de la comunidad.
Factores de Vulnerabilidad y Contextos de Agresión
El informe detalla que 12 mujeres trans ejercían el trabajo sexual, mientras que entre los hombres cis gay, tres se desempeñaban como estilistas. La misma profesión fue identificada en 7 mujeres trans, sugiriendo patrones laborales que aumentan la exposición a situaciones de riesgo.
La interseccionalidad con el racismo estructural se hace evidente con la identificación de dos víctimas indígenas: una persona muxe y un hombre cis gay.
Geografía y Metodología de la Violencia
En cuanto al entorno geográfico, 47 homicidios ocurrieron en zonas urbanas, 7 en áreas rurales (todos correspondientes a mujeres trans) y en 26 casos no se cuenta con información precisa sobre la ubicación.
El análisis metodológico revela que el 41% de los crímenes fueron cometidos con arma de fuego. Esta tendencia afecta tanto a mujeres trans (45%) como a hombres cis gay (32%). Le siguen los homicidios con objetos punzocortantes (14 casos) y 6 crímenes perpetrados mediante fuerza corporal.
El informe señala: “La distribución del tipo de arma utilizada indica que, aunque tanto mujeres trans como hombres cis gay fueron atacados principalmente con armas de fuego, las mujeres trans presentan un mayor porcentaje relativo, lo cual se vincula con su exposición en espacios públicos o contextos de trabajo sexual”.
Patrones de Extrema Crueldad e Impunidad Estructural
En 9 casos se identificaron indicios de tortura y en 11 se documentó que las víctimas fueron sometidas a múltiples formas de violencia conexa. De los 29 homicidios con información sobre posibles agresores, 28 correspondían a hombres.
Solo el caso de la activista Miriam Ríos Ríos, afiliada a Movimiento Ciudadano, fue atribuido directamente a un grupo del crimen organizado en Michoacán.
El Colapso de los Sistemas de Justicia
La situación procesal revela un sistema de justicia en crisis: 25 agresores están en prisión preventiva y tres se encuentran prófugos. Solo 21 casos avanzan a etapa de juicio, mientras que 59 permanecen en investigación preliminar.
Esta distribución significa que más del 70% de los crímenes carece de responsables judicializados, confirmando un patrón de impunidad estructural frente a la violencia contra personas LGBTIQ+ que perpetúa los ciclos de violencia y normaliza la vulneración sistemática de derechos fundamentales.
