En un movimiento legislativo de última hora, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados introdujo una enmienda clave a la reforma de la Ley General de Salud. La modificación, impulsada mediante una reserva, delimita claramente que la nueva prohibición sobre la fabricación y comercialización de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo no penalizará a los usuarios por su consumo o posesión personal.
Los representantes de la oposición reconocieron la corrección, pero su alerta es contundente: esta política de prohibición absoluta, carente de un marco de regulación responsable, es el caldo de cultivo perfecto para un mercado negro expansivo. Un ecosistema ilegal que, advierten, será capitalizado por el crimen organizado para financiar sus operaciones, replicando errores del pasado.
El núcleo de la sanción, avalado por Morena y sus aliados, es drástico: contempla penas de uno a ocho años de prisión, más multas que oscilan entre 100 y 2000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para cualquier persona o entidad involucrada en la producción o venta de estos dispositivos.
El ajuste clave: excluir al consumidor final
La redacción inicial del dictamen omitía esta distinción crucial, un vacío que obligó a una intervención rápida. El diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, presentó la reserva para añadir una excepción explícita en el artículo 282 Quater. “Nuestro objetivo no es criminalizar al usuario individual”, declaró desde la tribuna, “sino desmantelar la industria multimillonaria que lucra con la salud de nuestros jóvenes”.
La reforma ahora también prohíbe específicamente los dispositivos desechables o de un solo uso, y amplía su alcance. Ya no solo cubre los que vaporizan sustancias tóxicas “diferentes al tabaco”, una definición considerada ambigua y fácil de eludir. La nueva redacción incluye explícitamente todos los líquidos, geles, sales o ceras, con o sin nicotina, cerrando puertas a posibles artimañas legales de la industria.
Las advertencias: prohibir sin regular es una estrategia fallida
Desde la oposición, las críticas apuntan a la raíz del problema. La diputada Paloma Domínguez (PRI) señaló que una política centrada solo en la prohibición deja intacto el terreno para el contrabando y los productos adulterados. “Repetimos una fórmula que ha fracasado por dos décadas: prohibir el producto sin fortalecer la prevención, el tratamiento y una regulación sensata“, manifestó.
La diputada Claudia Ruiz Massieu (MC) fue más allá, vinculando el tema directamente con la seguridad nacional. Subrayó que, según estimaciones, el 90% del mercado de vapeadores en México ya está controlado por el crimen organizado, convirtiéndolo en una de sus principales fuentes de financiamiento. “La prohibición no solucionará la adicción; la desplazará hacia canales más peligrosos y fuera de cualquier control sanitario“, alertó.
Finalmente, la reserva para enmendar la reforma fue aprobada con 292 votos a favor y 163 en contra. El proyecto de ley, que busca erradicar la oferta legal de estos dispositivos en medio de un debate sobre sus consecuencias no deseadas, fue remitido al Senado de la República para continuar su trámite legislativo.
