La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha dado un paso decisivo al aprobar un proyecto de ley que establece la prohibición absoluta de los vapeadores en México. Este dictamen, respaldado por 27 legisladores y girado a la Mesa Directiva para su eventual ratificación en el pleno, posiciona al país con una de las políticas más rigurosas a nivel internacional en materia de sistemas electrónicos de administración de nicotina y dispositivos similares sin nicotina.
La reforma, impulsada por Morena y sus aliados a partir de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo central la protección de la salud pública, con un enfoque particular en salvaguardar a los jóvenes de los riesgos asociados a estos productos.
La medida implica una restricción integral que abarca toda la cadena de valor. Queda expresamente prohibida la comercialización en cualquiera de sus formas, incluyendo la adquisición, producción, fabricación, importación, exportación, distribución, venta y suministro de vapeadores, cigarrillos electrónicos y sistemas análogos. La ley también extiende la prohibición a todos los actos de propaganda o publicidad destinados a promover el consumo de estos dispositivos, sin importar el medio de comunicación utilizado.
La definición técnica incluida en el dictamen describe estos aparatos como sistemas que utilizan tecnología mecánica o electrónica para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, distintas al tabaco, que son susceptibles de ser inhaladas. El rigor de la nueva normativa se materializa en las sanciones establecidas para quienes infrinjan la prohibición.
La realización de cualquier conducta comercial o de producción será castigada con una pena de uno a ocho años de prisión. A esta privación de libertad se suman sanciones económicas sustanciales, calculadas en un rango de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Con el valor máximo de la UMA, estas multas podrían alcanzar la cifra de 226,280 pesos, un monto que refleja la severidad con la que el legislador busca desincentivar cualquier actividad relacionada con estos productos.
La postura del Gobierno de México, articulada a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, es contundente: los vapeadores no representan una alternativa segura al tabaco tradicional ni constituyen un método eficaz para dejar de fumar.
Las autoridades sanitarias argumentan que, lejos de ser inocuos, estos dispositivos actúan como una puerta de entrada a la adicción a la nicotina y exponen a los usuarios, especialmente a niños y adolescentes, a un cóctel de sustancias dañinas cuya composición exacta y efectos a largo plazo no han sido suficientemente estudiados.
Esta decisión legislativa sella un capítulo en la política sanitaria nacional, equiparando el tratamiento de estos dispositivos a la gravedad de otras regulaciones de sustancias controladas y enviando un mensaje claro sobre la prioridad absoluta que representa la salud de la población.
