La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha manifestado su rechazo contundente a las recientes observaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.
Si bien la Cancillería, a través de un comunicado oficial, reconoció que la desaparición de personas constituye un delito atroz que se enfrenta en México, argumentó que las acusaciones del organismo internacional carecen de fundamento y, por lo tanto, no son aceptables.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera que, si bien somos una nación con una de las políticas de apertura al escrutinio internacional más amplias, evidenciada por la ratificación de todos los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas carecen de sustento y no son admisibles“, declaró la institución.
Postura y argumentación de las autoridades mexicanas
La dependencia, dirigida por el canciller Juan Ramón de la Fuente, añadió que el flagelo de la desaparición forzada en el territorio nacional está principalmente asociado con la actividad delictiva de grupos del crimen organizado. Subrayó que, en colaboración con otras dependencias del Gobierno Federal, ha mantenido un intercambio de puntos de vista constante con el Comité, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, anunciado el pasado mes de abril.
Sostuvo que dicho mecanismo de evaluación debe basarse en criterios objetivos y imparciales, que son los pilares de la Convención. La SRE afirmó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha implementado una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, al mismo tiempo que se consolida y fortalece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
“En México se han robustecido las instancias responsables de la búsqueda e identificación forense de personas, se han creado nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional y se preserva un diálogo abierto y constructivo con familiares y colectivos de víctimas. Estas acciones son un reflejo del compromiso inquebrantable del Estado mexicano con la verdad, el acceso a la justicia y la reparación integral del daño”, enfatizó la Secretaría.
Medidas y cooperación internacional
Al destacar que la colaboración constructiva es el principio rector que debe guiar la relación entre los órganos de tratados y los Estados miembros, la SRE mencionó el canal de comunicación permanente sostenido con el Comité, al cual se le entregó un informe pormenorizado que “debe ser examinado con la debida objetividad antes de formular nuevos pronunciamientos sobre el caso”.
