México recupera 28 millones de dólares en caso de corrupción de García Luna

Tras años de investigación, el Gobierno de México logró recuperar 2.8 millones de dólares de los presuntos desfalcos al erario atribuidos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra. Los fondos, vinculados a contratos opacos con sus empresas de consultoría y seguridad, representan solo una fracción de los 745.9 millones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca rescatar.

¿Cómo se ejecutó la recuperación? La UIF detalló que los activos fueron incautados tras siete resoluciones judiciales en Miami contra García Luna, su cónyuge y cinco de sus empresas. La falta de comparecencia del exfuncionario en el juicio civil aceleró el fallo: ya se confiscó un millón 970 mil dólares en efectivo y un inmueble valuado en 555 mil 800 dólares. Además, se recuperaron 275 mil dólares adicionales tras el vencimiento de una hipoteca vinculada a su empresa Delta Integrator LLC.

Pero la trama no termina ahí. Este jueves, la jueza Lisa Walsh emitió una sentencia histórica: condenó a la pareja a pagar 2 mil 488 millones de dólares por los desvíos a sus empresas. García Luna, quien ignoró la demanda, deberá cubrir 748 millones, mientras su esposa, declarada en rebeldía tras incumplir órdenes judiciales, enfrenta una multa de mil 740 millones.

La investigación revela un entramado más amplio. La demanda inicial incluyó a 8 individuos y 39 empresas, entre ellos socios y presuntos testaferros como los empresarios Mauricio Weinberg y Natan Wancier. También fue señalado José Francisco Niembro, exsubsecretario de Tecnologías de la SSP, y su esposa. ¿Qué papel jugaron estos actores en la red de corrupción?

La UIF, liderada por Pablo Gómez, admitió que aún no localizan más bienes directos de los condenados, pero advirtió: “El Estado mexicano perseguirá los activos ocultos, incluso bajo propiedad simulada de terceros”. La pregunta clave sigue en el aire: ¿dónde están los restantes 743 millones? La cacería financiera continúa, y cada hallazgo podría destapar nuevas capas de este escándalo.

Este caso no solo expone los mecanismos de lavado de dinero en contratos públicos, sino que prueba la tenacidad de las autoridades mexicanas para rastrear fortunas ilícitas en el extranjero. ¿Será este el inicio de una rendición de cuentas real para los implicados?