Ciudad de México. El Senado de la República, en una movida disruptiva, está reimaginando la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Esta no es una mera actualización; es una reinvención del ecosistema de innovación nacional, enfocada en la Transferencia de Tecnología, la simplificación de patentes y una ofensiva estratégica contra la piratería.
En un diálogo visionario entre comisiones, Santiago Nieto Castillo, director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), delineó un futuro donde la reforma cataliza el desarrollo científico y tecnológico. El objetivo es claro: transformar a México en una potencia de economía del conocimiento, protegiendo signos distintivos, invenciones, denominaciones de origen e indicaciones geográficas con una agilidad sin precedentes.
La iniciativa posiciona a la nación en la vanguardia de la competitividad global, construyendo una economía productiva y resiliente. Un pilar fundamental es la “Operación Limpieza”, una alianza estratégica entre el gobierno federal y estatales que no solo protege el prestigio de las marcas, sino que salvaguarda la salud de los consumidores y defiende a la industria nacional de daños económicos.
Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, enfatizó que este proyecto trasciende un ajuste técnico. “Es una modernización profunda de los mecanismos para proteger la creatividad, el intelecto y el ingenio de los mexicanos”, afirmó. El IMPI se fortalece con facultades de supervisión, sanción y asesoría, evolucionando hacia una institución ágil, moderna y accesible para la comunidad emprendedora.
La innovación legal más radical la explicó César García Mondragón, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía: la incorporación de la solicitud provisional de patente. Esta figura, un concepto de pensamiento lateral, establece una vía simplificada que fija la prioridad y otorga hasta 12 meses para perfeccionar la memoria técnica. Esto genera un menor costo inicial, introduce la figura de “patente pendiente” y abre un margen crucial para realizar rondas de inversión antes de una solicitud completa, democratizando el acceso a la protección intelectual.
Además, la iniciativa consagra en la ley la obligación del IMPI de resolver en plazos definitivos y preestablecidos, lo que se traduce en una reducción sustancial de los tiempos de respuesta. Trámites que antes se extendían, como la resolución de una patente o el registro de una marca, ahora contarán con plazos hasta un 20 por ciento menores, acelerando el ciclo de la innovación y desafiando la burocracia convencional.
