Un pacto binacional frente a la crisis climática
Tras intensas negociaciones, México y Estados Unidos han sellado un acuerdo estratégico para optimizar la gestión del recurso hídrico en la cuenca del río Bravo. Este entendimiento, enmarcado en el histórico Tratado de Aguas de 1944, busca equilibrar la distribución del líquido vital en un contexto de estrés ambiental extremo.
El pacto establece la liberación programada de un volumen significativo de agua, priorizando la sostenibilidad de la región fronteriza.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana ha enfatizado que el país ha actuado siempre dentro del marco legal internacional, sin incurrir en violaciones. Subraya que, durante un periodo de sequía extrema sin precedentes, México ha realizado aportaciones suplementarias, respetando la disponibilidad hidrológica real y los límites de la infraestructura existente.
El compromiso central es no comprometer el abasto para consumo humano ni la producción agroalimentaria en la zona limítrofe, alineándose con los derechos humanos y la seguridad alimentaria.
Hoja de ruta y acciones concretas
La administración federal destacó que sus acciones demuestran un cumplimiento ajustado a la realidad del recurso. El plan operativo incluye la liberación de 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con envíos que iniciarán en la semana del 15 de diciembre.
Un punto neurálgico del diálogo es la compensación del déficit excepcional del ciclo anterior. Ambos gobiernos negocian un plan de cumplimiento detallado, con la intención de finalizarlo para el 31 de enero de 2026. El tratado establece que, en caso de incumplimiento, cada nación puede actuar de manera soberana en defensa de sus intereses nacionales, siempre ateniéndose a sus obligaciones pactadas.
Claves del suministro acordado
- 249.163 millones de m³: Volumen de agua que México prevé liberar y transferir.
- 1 ciclo de agua pendiente: Déficit excepcional del periodo anterior actualmente en revisión técnica.
- 31 de enero de 2026: Fecha límite para concluir y formalizar el plan integral de cumplimiento.
Este acuerdo representa un modelo de diplomacia ambiental proactiva, donde la cooperación binacional y la innovación en la gobernanza del agua son esenciales para enfrentar los desafíos climáticos del siglo XXI.
